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Otro plan contra el Alcalde


Alos 23 meses de haber asumido el reto de gobernar a Medellín, aparece en escena la versión sobre un tercer complot de estructuras criminales para atentar contra el Alcalde. La alerta la da la Fiscalía, pero la preocupación y las inquietudes deben extenderse a toda la institucionalidad y la ciudadanía.

Que el jefe del gobierno local esté en la mira de la delincuencia organizada, ya de manera reiterada, plantea reflexiones de doble vía: la primera es que sí se está logrando sacar a las bandas y capos más peligrosos de su zona de confort y que han tenido efecto los reclamos de Federico Gutiérrez para que las puertas de la justicia no sean giratorias: que solo semanas o meses después de ser capturados, estos sujetos estén de nuevo en las calles, a sus anchas.

Ello también implica un esfuerzo mayor de investigación judicial y policial, para soportar con pruebas más sólidas la privación de la libertad de delincuentes con gran capacidad de mutación y reorganización de sus actividades y perfiles criminales. Esos que envuelven a Medellín en ciclos de violencia e ilegalidad interminables y disímiles, cada vez más rechazados desde la base ciudadana y más contrarios al desarrollo urbano.

La segunda lectura de este plan criminal está en su origen: que provenga, según la Fiscalía, de alias “Carlos Pesebre”, Freyner Ramírez García, uno de los máximos cabecillas de la llamada “Oficina”, que estuvo ante la posibilidad inminente de salir de prisión, y a quien se señala su capacidad de influir en numerosos barrios del Occidente (Robledo), en torno a la quebrada La Iguaná y la Vía al Mar y a Urabá.

Si además de pensar en la gran dinámica de esa riqueza cuyo flujo se afianzará más entre Medellín y los puertos de la región, con base en las autopistas de cuarta generación, se detalla el valor estratégico de ese corredor en relación con el crimen organizado, entonces es posible comprender “el malestar” de las bandas y sus cúpulas frente a los golpes policiales y los bloqueos jurídicos a las boletas de libertad que ha logrado el alcalde Gutiérrez.

Es sobre los cordones -y las rutas y las bandas- de las laderas Oriental y Occidental de la ciudad en donde se han logrado capturas muy significativas los dos últimos años. Contra estructuras como Caicedo, sobre el trazado de la quebrada Santa Elena y que atenaza el Centro de Medellín, y de Belén y Robledo, en su conexión amplísima con el Atrato y el Golfo de Urabá.

Hay además un impacto social y cultural palpable en tareas barriales de la Alcaldía, en sus barridos posteriores a la acción policial, con el objetivo de deshacer el influjo de los combos en la cotidianidad de las comunidades: Castilla y Pedregal son un ejemplo.

Los resultados lentos de estas acciones -que por supuesto no pueden entenderse como ideales y acabados-, pero en especial que el Alcalde mantenga una actitud vertical y decidida de confrontación a estas estructuras criminales están desencadenando riesgos. Riesgos que deben minimizarse con la protección y el respaldo unánimes del Gobierno Nacional y el conjunto de las instituciones locales y la ciudadanía.

Aunque se deban sopesar con prudencia y equilibrio las ejecutorias de Federico Gutiérrez a mitad de su gobierno, según las perspectivas y los intereses de los críticos, hay que aceptar en materia de seguridad el paso a una postura de mayor autocrítica y franqueza sobre las amenazas graves y complejas que aún gravitan sobre Medellín y que él denuncia y ataca.

El efecto inmediato de esta gestión menos silenciosa y distante, ante el auge de mafias y pandillas organizadas y poderosas, es esta racha de planes contra un alcalde al que se le puede cuestionar su estilo personal para enfrentar los problemas de seguridad, pero que sin duda ha destapado la profundidad e implicaciones de la penetración de la ilegalidad en las diferentes capas de la sociedad medellinense.


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