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Lo intocable del acuerdo de paz


El pasado mes de mayo, el Congreso de la República aprobó un acto legislativo mediante el cual se incorporó un nuevo artículo transitorio a la Constitución Política. Básicamente, el propósito era asegurar que, durante los tres próximos períodos presidenciales completos, los acuerdos de paz firmados por el actual Gobierno con la guerrilla de las Farc tuvieran estabilidad jurídica y garantías de cumplimiento, ciñéndose a las normas de implementación derivadas del mismo acuerdo.

Ese acto legislativo (el N° 02 de 2017) dice que, en concreto, serán obligatorios parámetros de interpretación, validez y desarrollo las normas del Acuerdo que traten sobre Derecho Internacional Humanitario y derechos fundamentales. El miércoles pasado la Corte Constitucional, por votación favorable de los nueve magistrados en Sala Plena, decidió que este acto legislativo es exequible, que no sustituye normas ni principios básicos de la Constitución.

De inmediato, un tema de tan compleja argumentación jurídica y de tan interesada utilización política fue simplificado a lo siguiente: durante 12 años, nada de los acuerdos con las Farc podrá ser modificado. Y, evidentemente, del escueto comunicado N° 51 de la Corte Constitucional son pocas las razones constitucionales de fondo que pueden extraerse para comprender la vía argumental que permitió a los magistrados arribar a la decisión que tomaron. Básicamente dice cómo deben interpretarse los términos “validez”, “obligación”, “guardar coherencia” y el “principio de estabilidad y seguridad”. Para, a renglón seguido, dejar sentado uno de los puntos más importantes que podrán leerse en la sentencia cuando esta sea divulgada: “la Corte determinó que la incorporación del Acuerdo (con las Farc) al ordenamiento jurídico exige su implementación normativa por los órganos competentes y de conformidad con los procedimientos establecidos por la Constitución”.

Es decir, el acuerdo con las Farc no entra al bloque de constitucionalidad ni tiene fuerza jurídico normativa propia, como pretenden sus asesores legales y políticos. Para que sus disposiciones sean jurídicamente vinculantes, se requiere que sean definidas como tal por los órganos competentes: Congreso, Gobierno ejerciendo competencias delegadas; y luego, examinadas por la Corte Constitucional.

Y es esta corte, precisamente, la que al final de cuentas va a tener el poder decisivo para ver si estos acuerdos son o no intocables. Las mayorías políticas en el Legislativo cambian al vaivén de los gobiernos elegidos por las “mayorías minoritarias” que en Colombia votan. Así el Congreso disponga cambios, es al final la Corte Constitucional la que define si se incorporan o no al ordenamiento jurídico.

Obviamente, queda abierta la discusión de si un eventual -y remoto, la verdad sea dicha- pronunciamiento del pueblo (constituyente primario) también tendría vetado el poder de hacer cambios en los acuerdos. No obstante, esta vía, así esté siendo mencionada por fuerzas políticas de oposición, no parece tener posibilidades reales de ser convocada.

El presidente Santos, obviamente, celebró la decisión de la Corte Constitucional como “un espaldarazo” a su política de paz y como el aval definitivo a la juridicidad de su implementación normativa. Pero él sabe mejor que nadie que las normas y el Derecho se forman atendiendo las mayorías políticas del momento. El péndulo se mueve, y hablar de “acuerdos jurídicamente blindados” es tan incierto como los pactos que los políticos suscriben para llegar al mando y conservar el poder.


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