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Líderes: respuestas y acciones


Son bastante recordados los reclamos de las ONG colombianas y extranjeras y de los organismos estatales y multilaterales, durante finales de los noventa y principios de este milenio, en torno a la protección de los activistas sociales, políticos y de derechos humanos durante los años de mayor crudeza del conflicto armado en el país.

Hoy, en el contexto de la implementación de los acuerdos con la Farc y del descenso de la violencia rural que desataban las hostilidades guerrilleras (tomas a poblaciones, emboscadas y atentados terroristas), se hace mucho más urgente que el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, responda y contenga la racha de asesinatos y ataques contra quienes ejercen liderazgo en distintos núcleos y espacios ciudadanos y comunitarios.

Cada vez es más difícil aceptar que los asesinatos de líderes obedecen a hechos aislados y circunstancias domésticas. Por eso molesta a los colegas y familiares de las víctimas que se pueda generalizar la hipótesis de que detrás de esta oleada de violencia apenas graviten líos de faldas o deudas personales de cualquier índole.

Al tiempo, se acrecienta la perspectiva de una sistematicidad, de una persecución orquestada contra líderes de restitución de tierras, contra promotores de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, contra militantes de ideologías alternas o contra los defensores de derechos esenciales de comunidades y minorías religiosas y de género. Cada vez es menor la “casualidad” y cada vez es mayor la causalidad. Es gravísimo el deterioro evidente de la seguridad de aquellos ciudadanos.

Diferentes sectores, no solo de la oposición sino también de aquellos movimientos que han acompañado al Gobierno en la empresa de la negociación política y la paz, reclaman resultados en la protección de los líderes y en la persecución y judicialización de quienes están disparando contra ellos en numerosos territorios de los cuatro puntos cardinales de la nación.

Catatumbo, Tumaco, norte del Cauca, región del Naya, ríos Truandó y Atrato, Córdoba y Sucre y Bajo Cauca y Nordeste antioqueños, son lugares en los que ocurrieron algunos de los 311 asesinatos de líderes que van entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2018, lo cual equivale al homicidio de un activista cada 2,9 días. Ante semejante estadística, con visos de exterminio planificado, es apenas previsible la protesta creciente.

El presidente Juan Manuel Santos, no solo por sus obligaciones como jefe de Estado, sino por las mayúsculas responsabilidades morales y simbólicas que le transfiere ser Nobel de Paz y por estar en el radar y el reconocimiento internacional, además de su sucesor Iván Duque, se ven ante el imperativo de dar explicaciones, buscar soluciones y garantizar justicia.

En pasado editorial resaltamos el valor excepcional que tienen para las democracias y el Estado de Derecho quienes gastan sus horas en la conducción, el aliento y la protección de los procesos sociales y las luchas por derechos comunitarios y ciudadanos esenciales, hoy aniquilados en un proceso de posconflicto, por lo menos con la Farc, bastante opacado por tales crímenes.

El viernes se convocó una “velatón” por los caídos y por los líderes vivos, que aún afrontan gran riesgo. Sea esa una luz que llame la atención del Gobierno Nacional para que esos asesinatos selectivos se detengan y esclarezcan.


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