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Justicia, tarea inconclusa


En su primera Administración, el presidente Juan Manuel Santos, consideró necesario revivir el Ministerio de Justicia, que había sido fusionado con el de Interior en el Gobierno de Álvaro Uribe. El Congreso aprobó su nueva estructura y, desde ese momento (2011), ese Ministerio tuvo seis titulares, con desigual desempeño, desde los anodinos hasta los fugaces, con promedios de duración en el cargo de hasta menos de un año.

Hay que tener cuidado, no obstante, para no atribuir las graves falencias de la cúpula de la Rama Judicial (magistrados de altas cortes) al Ministerio de Justicia. Si bien este tiene la función de relacionamiento transversal del poder Ejecutivo con el Judicial e injerencia en la definición del presupuesto para esta última, las responsabilidades de cada una están bien delimitadas.

Durante estos ocho años, el Ejecutivo cambió la relación con las altas cortes, al pasar de contenciosos abiertos y públicos a una vinculación más efectiva a través del discurso sobre la paz. En las altas cortes, el Gobierno tuvo verdaderos aliados y la jurisprudencia le ahorró reveses a sus propuestas legislativas.

Tampoco se le puede atribuir al actual Gobierno responsabilidad exclusiva en el fracaso a las reformas a la Justicia, porque en ello tienen culpas cruzadas las otras ramas del poder público. El Congreso aprobó algunas, incluso “sin leerlas”, y la Corte Constitucional las vetó, por vulnerar, supuestamente, la independencia judicial.

El Ministerio de Justicia también tiene un papel protagónico en la definición y ejecución de la política criminal, que establece las pautas de actuación en la prevención del delito. Allí choca a menudo con la Fiscalía General de la Nación, y por supuesto con el Congreso, en una pugna entre la defensa de principios de derecho penal mínimo frente a concepciones más punitivas que, al calor de hechos de hondo impacto social, reclaman penas mayores para cada vez más conductas.

En su balance ante el Congreso del pasado 20 de julio, el área de justicia fue una de las pocas en las que el presidente Santos mostró algún asomo de autocrítica, si bien hizo relación de las principales leyes expedidas, entre códigos y normas para la paz. El colapso penitenciario sigue siendo un problema irresuelto.

No lo podía decir el presidente, pero se sabe la complejidad de los equilibrios entre proponer reformas de hondo calado para la justicia, y enfrentar la oposición corporativa de las altas cortes, defensoras de prerrogativas y con capacidad de echar para atrás cualquier ley que si bien pueda beneficiar el servicio público de la justicia, afecte los intereses de las cortes, sea de poder o de estatus.


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