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Gasto público, la tarea


En 2017, el Gobierno creó la “Comisión del Gasto y la Inversión Pública”, la cual estuvo conformada por nueve miembros ad honorem independientes y el director del Departamento Nacional de Planeación. La Comisión fue presidida por el Ministro de Hacienda y Crédito Público.

El propósito de la Comisión era revisar una serie de asuntos relacionados con el gasto público (como los programas de subsidios, los criterios de priorización de la inversión, las inflexibilidades presupuestales y las rentas de destinación específica), con el objeto de proponer reformas orientadas a fortalecer la equidad, la eficiencia de la gestión pública y el fortalecimiento del Estado.

A finales de diciembre pasado, el grupo de expertos dio a conocer el resumen ejecutivo del informe presentado a consideración del Gobierno y de la opinión pública y que será publicado a finales del presente mes.

Dadas las dificultades fiscales (y en particular los problemas que se tienen para asegurar un mayor recaudo) y en consideración a lo inconveniente que resulta para el desarrollo la reducción del gasto público con respecto al PIB, la Comisión “se enfocó en determinar posibles ganancias en eficiencia, eficacia y equidad del gasto en los recursos actualmente disponibles”.

Para los expertos, “existe evidencia de que el gasto público en Colombia puede mejorar en eficiencia y eficacia” y, de aplicarse las recomendaciones, “se imprimiría una mayor sostenibilidad al gasto público a mediano plazo”.

La Comisión abordó el estudio de lo que denomina los temas transversales (como el proceso presupuestal y el empleo público) y los sectoriales (como la salud, las pensiones, la educación, los subsidios y defensa) que tienen el mayor impacto en términos de eficiencia y eficacia del gasto.

Entre las recomendaciones de la Comisión en materia presupuestal está avanzar hacia un presupuesto por programas, establecer límites a las vigencias futuras y crear el Consejo Fiscal Consultivo que, entre otras cosas, estudie los impactos fiscales de las iniciativas de ley.

En lo que tiene que ver con el sector salud, el grupo de expertos reconoce que se han tenido logros importantes al tiempo que se enfrentan grandes retos.

Para superarlos, se proponen diversas acciones como estimular la competencia entre las EPS, flexibilizar la integración vertical entre estas y las IPS, identificar fuentes adicionales de financiamiento y avanzar en el proceso de formalización laboral.

Respecto al sistema pensional, la Comisión considera imperativo introducir una reforma al sistema, la cual incluya la protección económica para la vejez.

Para tal efecto, se “considera necesario actuar en seis frentes complementarios”, entre los que se encuentran los ajustes a los parámetros del sistema (como aumentar la edad de jubilación y el porcentaje de cotización) y afectar la arquitectura del mismo “eliminando el arbitraje entre los dos regímenes pensionales” existentes.

En educación, se recomienda que el Ministerio del ramo ejerza el liderazgo de la política pública y el Sena dependa del mismo. También se sugiere la creación de una Superintendencia de Educación con capacidad de intervenir las secretarías y las instituciones educativas.

En cuanto a los programas de subsidios, la recomendación general es “concentrar los recursos disponibles en unos pocos programas que resulten bien evaluados”.

Sin duda, los resultados y las recomendaciones del informe de la Comisión del gasto público ayudan a precisar la problemática que se enfrenta y sirven de guía para las acciones que en materia fiscal deberá implementar el próximo gobierno.


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