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Las dos últimas semanas se convirtieron en una pesadilla para las comunidades que habitan en dos zonas de frontera atravesadas por problemas comunes: las estructuras armadas ilegales y las cadenas transnacionales del narcotráfico. Catatumbo y Tumaco, y los corredores de droga que las cruzan, envían el mensaje de un Estado, el colombiano, incapaz de imponer autoridad y garantizar seguridad a la población civil.
Un atentado dinamitero reciente dejó sin energía a la gente del puerto nariñense, mientras que en Norte de Santander municipios como El Tarra y Tibú sufren los combates e intimidaciones del Eln y del Epl, enfrascados en una guerra a muerte por el control territorial y la economía coquera de la región. Hace una semana, las disidencias de las Farc asesinaron una misión periodística en la frontera con Ecuador.
Los hechos, todos, son gravísimos y ponen en evidencia la fragilidad institucional en dos áreas del país en las que se desmontaron los frentes de las Farc, pero donde hay un copamiento creciente por parte de las bandas asociadas al narcotráfico y grupos guerrilleros penetrados de igual manera por esas rentas.
En medio de la necesidad de información gubernamental clara sobre los episodios en una y otra regiones, surgen preguntas frente al manejo que les están dando el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas de Colombia a la recuperación de los cadáveres de los periodistas ecuatorianos y su conductor, asesinados, y al control del orden público en Catatumbo. Hubo versiones contradictorias sobre el desenlace del plagio de los comunicadores y sus cuerpos aún no aparecen, y en Catatumbo se habla de “normalidad” mientras que las comunidades afrontan la parálisis del comercio, las jornadas escolares y el transporte intermunicipal.
El país asiste a una crisis humanitaria creciente y de proporciones considerables, al tiempo que no recibe las respuestas ni las medidas oportunas, por parte del presidente Juan Manuel Santos y su gabinete. Ayer se reportaron nuevos combates, con dos civiles heridos, en la vereda El Cero, del municipio de San Calixto. Y aumenta la llegada de desplazados a los cascos urbanos.
Por tratarse de zonas de frontera, en especial con Venezuela, en un contexto bastante sensible de tensión social y política, y en medio de otros fenómenos de ilegalidad como el contrabando de mercancías y combustibles, se demanda mayor capacidad de respuesta y agilidad para que no suba la presión en un área de conflictos con largo recorrido histórico.
El Gobierno Nacional acepta que la situación es delicada, pero entre tanto las acciones se perciben débiles y lentas. Ni la nutrida presencia militar en Tumaco, por ejemplo, con cerca de diez mil efectivos, ha podido neutralizar las incursiones y daños causados por el grupo que lidera Wálter Patricio Arizala, alias “Guacho”.
Las alteraciones de Catatumbo y Tumaco, en una amplia zona fronteriza, están desnudando las debilidades del proceso de desmovilización de las Farc, pero también el reforzamiento peligroso que se ha dado en bandas como “los Pelusos” (Epl), el Clan del Golfo y el Eln, en áreas que otrora estuvieron bajo la presión y el azote de las Farc.
Tantos y tan graves episodios de violencia e inseguridad están mostrando un país que dista mucho de construir la paz, y donde las Fuerzas Armadas deben retomar a fondo su tarea de control territorial.