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Farc, ¿vuelta al monte y la coca?
No se debe desestimar el supuesto plan de las disidencias de unificarse y orquestar su expansión. Hechos recientes de violencia y política trazan un mapa inquietante para la seguridad nacional.
La revelación de que grupos residuales de las Farc, liderados por quienes eran mandos del frente 1 de la disuelta guerrilla, orquestan hace más de un año su reunificación a partir de zonas selváticas de Caquetá, Guaviare, Putumayo y Nariño, merece la mayor atención por parte de las Fuerzas Armadas, pero en especial del nuevo gobierno, a 22 días de su posesión.
Que esas disidencias continúen inmersas en el negocio de la cocaína, y que sean una amenaza para el Estado y las comunidades en áreas marginales y extensas, tal vez no revista tanta novedad como sí el hecho de que pueda existir un plan para centralizar mandos, fijar un organigrama y afianzar el control de territorios coqueros y otros ricos en minerales como el oro y el coltán.
Un informe de la última edición de la revista Semana reforzó la que ya era una preocupación sustentada de analistas y grupos de monitoreo del proceso: que quienes se hicieron a un lado de la reinserción, durante o después del proceso de La Habana, tomaron el rumbo de ser brazos armados orgánicos de las estructuras trasnacionales del narcotráfico y mafias como las del oro y el contrabando.
En el ambiente flotan y se cruzan versiones sobre el número de hombres que forman esa nueva amenaza a la seguridad nacional: 1.200, según el Ministerio de Defensa, y 4.000, según las pesquisas de medios e investigadores, organizados en 12 facciones.
Otro de los elementos que preocupa es que se trata de frentes “mercenarizados” —más que reclutados por la fuerza, pagados con las finanzas de los carteles de la droga— en los que mandan el dinero y el afán de enriquecimiento ilícito, ajenos por definición a normativas humanitarias y objetivos políticos.
En este contexto, se ratifica que la Farc, la fuerza incorporada a la civilidad y próxima a participar en el Congreso, está fragmentada y que uno de sus líderes, “Iván Márquez”, desistió ayer de asumir su curul y culpó al Estado de “una traición” a un proceso que por demás ha sufrido notorios tropiezos, retrasos y vacíos en su implementación, y que dispone de un marco jurídico cuestionado por sus zonas grises.
La señalada decisión de estas disidencias de “refundar las Farc” y de avanzar en empresas criminales que continuarán erosionando el Estado de Derecho, la Constitución y las leyes colombianas exige una respuesta militar inequívoca y severa de las autoridades. No se puede minimizar un riesgo de esta magnitud cuando detrás está la certeza del crecimiento de los cultivos ilícitos y del boyante aparato financiero de las mafias.
En este terreno no caben dilemas ni esperas. Si el general Alberto José Mejía, comandante de las Fuerzas Militares, sostuvo que los colombianos no deben temer estas denuncias, porque poseen un Ejército y una Policía profesionales y robustos, urgen resultados contra los alias “Gentil Duarte”, “John 40”, “Iván Mordisco”, “Giovany Chuspas” y “Guacho”, entre otros.
La posibilidad de que esos grupos residuales busquen expandirse al norte, en Catatumbo, y en Antioquia, donde se revela que ya hay contactos con disidencias de los frentes 18 y 36, con un corredor como el Nudo de Paramillo, y en un ambiente de incertidumbre y malestar de los otrora guerrilleros de base, plantean retos inmediatos al Gobierno Nacional y a los departamentales.
No puede haber espacio para que las Farc se refunden y que su violencia vuelva a golpear a los colombianos.
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