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¿El Eln podrá cambiar?


La sociedad colombiana tomó nota desde ayer del compromiso público que asumieron el Gobierno y el Eln al firmar el Acuerdo de Quito, que fija el inicio de un cese temporal y bilateral de hostilidades, durante 102 días, desde septiembre hasta enero próximo. Se trata de un pacto que, sumado a la desaparición armada de las Farc, traería gran alivio a la población civil de todos los rincones del país.

El optimismo es moderado y el escepticismo, justificado. Con el Eln las faltas a la palabra empeñada y las frustraciones son numerosas, en especial porque su estructura horizontal de mando, tan colegiada, lleva a menudo a que alguno de sus frentes “se salga de la fila” y de las disposiciones del llamado Comando Central. La historia con el grupo subversivo guarda un cerro de documentos cuyo espíritu se deshizo entre el papel, las buenas intenciones y la espera de la ciudadanía.

Pero hay que tener el empeño puesto en que esta vez, con el apoyo y la veeduría de la Iglesia Católica y de la ONU, se cumplan las palabras del jefe guerrillero “Pablo Beltrán”, según las cuales el acuerdo y el hecho mismo de su firma son “muestra de que sí podemos cambiar”.

Un primer elemento rescatable del texto y el espíritu de esta tregua es que apunta, de manera directa, a desactivar los efectos del conflicto armado sobre la población civil. Ello, mediante compromisos específicos: cese de los secuestros de nacionales o extranjeros, de los ataques a la infraestructura, de la siembra de artefactos explosivos y, en general, de toda acción militar que afecte a los no combatientes.

Aunque algunos analistas advierten que el Acuerdo puede ser prematuro, dado que los aspectos sustanciales de la negociación muestran avances mínimos, hay que resaltar que el cese mismo contiene elementos de respeto al derecho internacional humanitario que no requirieron de aquellas negociaciones dilatadas e infructuosas en que el Eln embarcó, entre 1996 y 2002, a voceros de la sociedad civil y del gobierno, en varias oportunidades, para luego renunciar de facto a los esfuerzos por “modelar un desescalamiento de la guerra”.

Esta tregua por un período definido representa un gesto de entendimiento y voluntad política de avanzar en la mesa, acrecentando la confianza, mientras que la opinión pública, claro está, vigila recelosa que la guerrilla cumpla y que el descenso de las agresiones sea medible por parte de los múltiples organismos de derechos humanos y monitoreo del conflicto. Dialogar sin ataques, lo asumen los negociadores, permitirá “jalonar el resto de la agenda”.

Queda por supuesto que las partes desarrollen y precisen los protocolos para el seguimiento en el terreno, en la cotidianidad de los combatientes, pero sobre todo en el día a día de las comunidades en medio del fuego cruzado, las mismas que la Fuerza Pública no puede dejar a su suerte en esta tregua.

El Gobierno Nacional, por su lado y en signo de reciprocidad, procurará mejorar la protección de líderes sociales y activistas de derechos humanos y atender la crisis de la población carcelaria, además de respetar la protesta social. El presidente Juan Manuel Santos está obligado a explicar al país los alcances de haber aceptado el Acuerdo de Quito.

Si las palabras del Eln se cumplen, el cese de hostilidades deberá construirse desde ahora mismo, porque más allá del calendario anunciado está el pedido permanente de diferentes sectores sociales y políticos, para que esa guerrilla detenga su habitual brutalidad contra el medio ambiente, los bienes públicos y privados y la libertad y la vida de ciudadanos inermes.

La expectativa es grande, pero la racionalidad exige primero resultados palpables, sin que el Gobierno incurra en concesiones que vulneren el marco legal y la Constitución.


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