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El Gobierno ha sido claro en manifestar las dificultades que tiene para definir su presupuesto de 2019. El descuadre entre ingresos y gastos produce un déficit de 25 billones de pesos, con lo cual muchos de los proyectos sociales que quiere llevar a cabo podrían no realizarse. Esa suma equivale al 10 % del presupuesto presentado por el Gobierno anterior al Congreso de la República.
Va tomando forma la propuesta para enfrentar el problema, revelando las posibilidades reales que se tendrían para aumentar ingresos y reducir los gastos, con el fin de poder adelantar los proyectos sociales. En relación con esto último, el presidente Duque hizo algunas precisiones en la Asamblea de Confecámaras de la semana pasada, donde planteó la posibilidad de aplazar algunos proyectos que había esbozado en campaña, estableciendo como prioridad la sostenibilidad del gasto. Se anunció una ley de financiamiento que garantice que se haga el gasto social de acuerdo con las prioridades definidas por el Gobierno.
El anuncio del presidente también redujo el énfasis sobre lo tributario y subrayó la necesidad de lograr la reactivación de la economía, contando para ello con promover el emprendimiento, reducir trámites y mejorar el clima de negocios; no por ello el Gobierno afloja en la búsqueda de nuevos ingresos y la contención del gasto. En relación con lo primero, está claro que se va a dar un fortalecimiento de la lucha contra la evasión, pero no hay igual certeza acerca de cuál va a ser el camino elegido para incrementar ingresos, gravando para esto a empresas y hogares con una nueva tasa de impuesto a la renta y una ampliación del IVA.
La austeridad que quiere el Gobierno para reducir el gasto apuntaría a reducir entre 7,5 % y 10 % los gastos públicos en el presupuesto de 2019. Para esto sería necesario hacer recortes en los gastos de adquisición de bienes y servicios, viáticos, mantenimiento y contratos por prestación de servicios. Un aspecto importante en la propuesta de austeridad es la reducción de los altos salarios públicos, pero también la racionalización de algunos subsidios sin afectar, en lo posible, las reglas del juego.
Reducir los altos salarios públicos ha sido tradicionalmente un recurso de los programas de ajuste. Sin embargo, no está demostrada la eficacia de esa medida que al final lo que consigue es una reducción moderada del gasto y aumenta la dificultad para conseguir funcionarios idóneos, ante el sacrificio que conlleva para un profesional calificado entrar al Gobierno.
Parece más interesante y contundente examinar la posibilidad de hacer una profunda reorganización del Estado que defina adecuadamente las funciones de algunas entidades, elimine las nóminas paralelas e incluso lleve al cierre de aquellas en que sus objetivos misionales no contribuyen al funcionamiento de un Estado moderno. Sería impensable en este momento de dificultades fiscales crear nuevos ministerios o entidades. Al tiempo que sería deseable que se acote pronto el alcance de las acciones que el Gobierno quiere hacer en estos temas, que tienen por objeto lograr una reforma fiscal que equilibre el presupuesto.