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Con bandas, desarme integral


La idea de facilitar el sometimiento masivo a la justicia de los Grupos Armados Organizados (GAO) —léase estructuras criminales más poderosas del país— no solo debería valorarse en la dirección de evitar amenazas y alteraciones al posconflicto y la construcción de la paz con las Farc, y tal vez con el Eln, sino que debe subrayarse en el sentido mismo de la desactivación de todos los actores que generan y participan en los graves fenómenos de criminalidad y violencia que azotan a la ciudadanía y el país.

Aunque el Gobierno Nacional es enfático en trazar una línea limítrofe en los alcances políticos de la negociación con la guerrilla, y el sometimiento de los GAO a un marco jurídico exento de cualquier condicionamiento a la institucionalidad y el Estado de Derecho, no deja de ser clave entender que el desmonte de esas estructuras tiene que impactar la situación humanitaria de la población civil y solventar la exigencia de las víctimas para que haya verdad, justicia, reparación y no repetición.

Ya Colombia, su sistema jurídico y legislativo, acumulan un conocimiento y una experiencia —incluso ensayos-errores a veces muy costosos— que deberían impedir lagunas legales y evitar un modelo de desmonte de esas organizaciones que esté de espaldas a la dinámica de fenómenos como el narcotráfico, que ha sido el principal reclutador y reciclador del pie de fuerza de desmovilizaciones pasadas, como las de las milicias populares en Medellín, los bloques paramilitares de las Auc y por supuesto las disidencias subversivas.

El documento del borrador del proyecto para los GAO, divulgado ayer por este diario, muestra que más allá de las consideraciones penales y jurídicas de un proceso de esta índole, hay una perspectiva clara de resarcimiento de las víctimas, de alimentación de la verdad histórica que se reclama para construir una paz y una seguridad sin zonas grises ni vedadas, incluso en la intención sanadora del perdón, que no del olvido ni la impunidad, que proponía el mismo Papa Francisco en su reciente visita.

Es indispensable, sí, que el presidente Juan Manuel Santos y el vicepresidente Óscar Naranjo, además del fiscal General Néstor Humberto Martínez, afinen las posiciones y versiones que sobre esta posibilidad de sometimiento de los GAO está recibiendo la opinión pública. Solo así, en un proceso de esta magnitud, que involucraría a cerca de 3.500 ilegales, podremos esperar un tratamiento coherente en el combate y la mano tendida a una salida jurídica alternativa, pero además con la obligada y oportuna información para que el país conozca las implicaciones de semejante tarea.

Además de los recovecos jurídicos que se deben explorar, y que no son asunto menor así este proceso carezca de beneficios políticos, hay demasiadas voces a destiempo sobre hacia dónde va, por qué y para qué esta oportunidad de sometimiento de las bandas criminales, que no solo deberían ser las de más jerarquía militar en el ajedrez rural del narcotráfico sino que también podrían incluir las ramificaciones urbanas de las mafias del microtráfico y la extorsión que hoy son una plaga y un agente de conflicto en las grandes ciudades de la nación.

Hay que tomarse esta iniciativa con la mayor seriedad. Cualquier descalabro en el tratamiento del problema y el proceso de solución, significaría el riesgo de continuar un círculo vicioso de ilegalidad y, claro está, de más violencias.


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