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Varios de los candidatos presidenciales se han pronunciado sobre la reforma pensional que propondrían en caso de asumir la Presidencia. Casi todos han coincidido en una cosa: no subirán la edad para acceder al derecho a la pensión.
Incluso uno de ellos, Sergio Fajardo, dio un giro total, pues el año pasado dijo que así como se extendía la expectativa de vida, también debería extenderse la edad para pensionarse. El pasado lunes se retractó. Germán Vargas Lleras, Iván Duque Márquez y Gustavo Petro lo han dicho expresamente: no incrementarán los tiempos de cotización.
Hay otros aspectos que tendrán que precisar: de dónde sacarán los recursos adicionales que se requieren forzosamente para que el sistema pensional sea viable. Las edades de adquisición del derecho a pensión de vejez están definidas para el sistema de prima media con solidaridad, administrado por Colpensiones, y conlleva cargas para el Estado en forma de subsidios -mayores para las pensiones más altas- que son financieramente insostenibles.
La mayoría de expertos nacionales y las entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) y el Banco Mundial, coinciden en la urgencia y necesidad de que Colombia lleve a cabo la reforma pensional. Entre las recomendaciones de los asuntos que debe abordar dicha reforma está la de ajustar la edad de jubilación.
Así, en un reciente estudio, Fedesarrollo propone “un ajuste inicial a las edades de pensión, que las incremente para ambos sexos y reduzca la brecha entre ellos”. Esto se debe complementar “con un ajuste periódico, por ejemplo cada quinquenio, de la edad de pensión en función de la evolución demográfica del país”.
Esta propuesta la adopta la Comisión del Gasto y la Inversión Pública. En particular, el grupo de expertos considera que, con respecto al sistema pensional, es necesario introducir una reforma al mismo que incluya, entre otras cosas, el ajuste a los parámetros. Uno de estos es “aumentar la edad de jubilación vinculándola de manera sistemática y periódica (v.gr. cada cinco años) a parámetros demográficos”.
De otra parte, la Ocde, en los informes sobre Colombia de los años 2015 y 2017, insiste en la necesidad de concretar “una reforma en profundidad del sistema pensional”, y sugiere que “la edad de jubilación de los hombres y las mujeres debería igualarse, y su evolución ligarse a los cambios en la expectativa de vida”.
En unos ejercicios de simulación sobre la evolución a largo plazo (2050) del déficit pensional, el FMI encuentra que, si se aumenta la edad de jubilación a 67 años para los hombres y a 62 para las mujeres, aunque ello mejora el equilibrio del sistema, no se alcanza a reducir el abultado déficit pensional del régimen público (o de prima media). Este resultado, además de otras simulaciones, indica la importancia de abordar con prontitud la reforma pensional.
No obstante lo anterior, Asofondos (la asociación de fondos privados de pensiones) considera que, mientras continúe la relación de seis trabajadores por cada pensionado, no es necesario subir la edad mínima de pensión. Para la agremiación, este ajuste se puede dar más adelante cuando la relación sea de cuatro a uno o de dos a uno.
Este tema es crucial, aunque se comprende que, electoralmente, es “zona de alta tensión”. La sinceridad de los candidatos sería un gesto para reconocerles, de modo que planteen de una vez, sin subterfugios, cómo van a dejar proyectada la sostenibilidad de las pensiones para las próximas generaciones.