editorial | Publicado el

Luis Fernando Álvarez


ALCANCES DEL PROTOCOLO PARA LA PROTESTA SOCIAL

A cuatro días de terminar su mandato, a través del Ministro del Interior, el Gobierno del Presidente Santos expidió la Resolución 1190 del 3 de agosto de 2018 por la que se adoptó el “Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación, inclusive de quienes no participan en la protesta pacífica”. Fundamenta la decisión en las facultades conferidas por el inciso 1° del artículo 208 de la Constitución Política y los artículos 61 de la ley 489 de 1998 y 6 del decreto ley 2893 de 2011.

Para entender los alcances de la Resolución y del Protocolo que ella adopta, es necesario retomar algunos conceptos básicos del derecho de policía. En primer lugar, hay que diferenciar entre poder de policía, función de policía y actividad de policía. El poder de policía se traduce en la facultad para expedir normas generales para regular el buen orden ciudadano, mediante la defensa de la seguridad, la tranquilidad, la salubridad y la moralidad públicas. De acuerdo con la Constitución Política y los correspondientes desarrollos jurisprudenciales, son titulares del poder de policía, el Congreso de la República (Art. 150 numerales 2, 25 y concordantes de la Carta), el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades que se derivan de los decretos legislativos de estados de excepción ( Artículos 212 a 2215 C.P), las asambleas departamentales de manera residual para regular aquellos temas no resueltos por la ley (Artículo 300 N° 8 C.P,) y los concejos municipales (Artículo 313 numerales 7 y 9 C.P.).

La Función de policía consiste en la facultad para preservar el orden público mediante la adopción, a través de los denominados reglamentos de policía, de medidas generales o particulares de aplicación de las normas creadas por el poder de policía. Son titulares de esta función el Presidente de la República (artículo 189 numeral 4), los gobernadores de departamento (artículo 303 de la Carta), el alcalde distrital y los alcaldes municipales (artículo 315 numeral 2 de la Constitución).

La adopción de medidas de policía se adelanta a través de intervenciones preventivas por parte de los cuerpos uniformados, bajo la dirección de los comandantes de policía, para preservar el orden y defender los derechos ciudadanos. (artículo 315 n°2 de la Carta).

De acuerdo con lo expuesto, el protocolo y la resolución que lo adopta, independiente de su contenido, no son más que un legado de buenos consejos sobre supuestas buenas prácticas, pues como literalmente lo expresa el artículo 2° del curioso acto administrativo, “El Protocolo o guía metodológica que mediante esta resolución se adopta, no modifica norma alguna de rango superior, NI CONSTITUYE UNA REGULACIÓN, sino que compila las normas vigentes y jurisprudencia pertinente, respetando el marco de competencias y autonomía de las distintas entidades”.


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