editorial | Publicado el

Marta Lucía Ramírez


¡A las malas!

El dos de octubre de 2016, los colombianos salieron a las calles a decir que no todo vale; que querer la paz no significa convertirse en un comité de aplausos del gobierno y, mucho menos, aceptar que nos impongan a los delincuentes como referente moral de la sociedad.

Al gobierno no le importó el mensaje ciudadano del NO y en vez de esforzarse en construir un nuevo acuerdo que generara legitimidad, prefirió el cortoplacismo con lo que llamó un “nuevo acuerdo” que en lo sustancial era el mismo. Incumplió su palabra de que sería el pueblo colombiano quien definiría y burló la voluntad popular argumentando que el pupitrazo en el Congreso refrendaba el acuerdo.

En estos días, llegaba al final de su trámite legislativo la polémica y peligrosa Ley que pretendía crear 16 circunscripciones especiales en el territorio, con el pretexto de dar representación política a las víctimas. El problema es tanto de forma como de fondo. Por un lado, el proceso estuvo lleno de vicios como la realización de tres conciliaciones cuando la Constitución solo permite 2, y el hecho de que al no haber logrado la mayoría necesaria se recurra a una interpretación acomodada para burlarse de la ley.

Por otro lado, la gran mayoría de estas circunscripciones especiales, coinciden con zonas de cultivos ilícitos o rutas del narcotráfico, lo cual genera serios interrogantes sobre si quienes serán representados son realmente víctimas o los intereses oscuros propios de las Farc.

Coincidimos en que las víctimas deben tener participación en la política. El argumento con que desde el oficialismo atacan a quienes hemos señalado los riesgos de estas circunscripciones es el gritar desde sus atriles que “los enemigos de la paz no quieren que las víctimas tengan voz y voto”. Si el tema es darles participación a las víctimas ¿por qué desde un principio se les garantizan 10 curules gratis a las Farc y no por ejemplo a las familias de los 11 diputados del Valle asesinados que reclaman verdad, justicia y reparación?

El gobierno recurre a una táctica destructiva para implementar a las malas todo lo que convenga a la ambición de las Farc: tacha de “buitre de la guerra” a todo el que pone los riesgos sobre la mesa y viola constantemente las leyes y procedimientos, destruyendo toda la credibilidad institucional. Libertad y orden no son solo parte de nuestro escudo, sino la razón misma de nuestra Patria desde su nacimiento como República. No tendremos libertad si no hay orden y jamás tendremos orden, si no se cumple ni se hace cumplir la ley.

La verdadera paz solo se logra si hay unas instituciones fuertes y confiables que le den estabilidad. Si habrá un legado nefasto que nos deje este gobierno será precisamente unas instituciones en crisis y una sociedad dividida, no por la paz, sino por quienes apoyan y quienes no apoyamos “el fin justifica los medios”.

No aceptaremos que se les entregue el poder en bandeja de plata a los delincuentes y, sobre todo, a las malas. Si se sanciona la reforma, denunciaré por prevaricato al Presidente, los senadores que votaron por tercera vez y al presidente del Senado.


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