viernes
7 y 9
7 y 9
El sistema de financiación de los procesos electorales está diseñado para que no haya transparencia. Para el Gobierno, los partidos, los académicos y la Misión Electoral Especial (MEE) es verdad sabida que los topes solo existen en el papel, que no hay controles, y que el aporte del Estado es insuficiente.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, le dijo a EL COLOMBIANO que el sistema de financiación de campañas no funciona, y que si después de la denuncias sobre Odebrecht, por ejemplo, no hay cambios estructurales, se repetirá la misma historia en las próximas elecciones.
La financiación de las campañas está regulada en los artículos 20 a 27 de la ley 1475 de 2011, o Estatuto de Partidos y Movimientos Políticos, en sintonía con lo dispuesto por la Constitución en el artículo 109, modificado a su vez por el Acto Legislativo 01 de 2009.
Entre otras cosas, establece que las fuentes de financiación son: los recursos propios de los partidos, los créditos de entidades financieras, el patrimonio del candidato, las contribuciones de particulares, y los ingresos originados por actos públicos o publicaciones.
Como antecedentes están las leyes 130 de 1994, que creó el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas y la 996 de 2005 (ley de garantías), que reguló las campañas presidenciales.
Pese a toda esta normatividad, en palabras de Juan Fernando Londoño, exviceministro del Interior, los controles no funcionan porque el sistema se basa en la búsqueda individual de los votos, lo que estimula a infringir la ley.
“Por el voto preferente (donde se vota por el candidato y no por el partido) hay muchos candidatos haciendo campaña, y esa competencia aumenta los costos. Mientras eso no se arregle será difícil organizar el resto”.
El Estatuto de Partidos establece que el Consejo Nacional Electoral (CNE) regula en cada elección los gastos máximos de campaña. Por ejemplo, para 2014 los topes de financiación de campañas para Congreso se incrementaron en un 18 %.
La resolución 389 del Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció que una lista para Senado no podía gastar más de 74.053 millones de pesos. Si la lista tenía 100 candidatos, cada uno se pudo gastar hasta 740 millones de pesos. Para Cámara oscila según la población de cada departamento.
Según un informe de Transparencia por Colombia, los ingresos para las campañas al Congreso 2014, reportados en Cuentas Claras por los 2.159 candidatos, fue de 198.907.113.498 millones. Los 269 elegidos reportaron 89.843.272.755 millones, equivalentes al 51 %. Los 20 senadores que más reportaron concentran la tercera parte de los ingresos (31 %).
Lo anterior permite inferir que quienes más invirtieron fueron los que llegaron. No obstante, aparentemente ninguno sobrepasó los límites.
EL COLOMBIANO indagó con varios congresistas y reconocieron que les pidieron a sus contadores ajustar los gastos más auditables. Coincidieron en que no es posible cumplir los topes previstos por la ley.
Uno de ellos afirmó que el CNE exige reporte de gastos durante los tres meses de campaña, pero que los gastos inician mucho antes. Precisó que quienes no son congresistas empiezan a visitar los territorios, mínimo, un año antes, y los que buscan la reelección están en campaña permanente con sus líderes.
Jaime Duarte, docente del área de Gobierno del Externado, explico que, como el control contable y fiscal se hace posterior a las campañas, no de puede evitar que se superen los topes. “Ningún candidato va a entregar una contabilidad que se sobrepase. El problema de la ley es que cree que prohibiendo se van a acabar. Se debe es regular”.
Según Iván Garzón, director de Ciencia Política de La Sabana, los topes se violan porque la política se convirtió en un negocio multimillonario, en el que se busca el poder para incidir en la contratación oficial. “Hay una deficiencia de ética, no solo de parte de los políticos sino de los empresarios que pagan sobornos. No se trata de limitar donaciones, sino de que se hagan sobre la mesa y regularlas”.
El representante Rodrigo Lara (Cambio Radical), confesó que no buscará la reelección porque no tiene los recursos para emprender una nueva campaña que, barata, le costaría 1.300 millones. Añadió que hay campañas para Senado que valen 10 o 20 veces más.
Luis Trejos, docente de Ciencia Política de la Universidad del Norte, afirmó que las campañas son costosas por la marquetinización de la política: “los candidatos son vistos como productos que hay que vender, y eso cuesta. Las ideas son desplazadas. Es exagerado el costo de una asesoría de imagen de JJ Rendón o de Eduardo Mendonça”.
Otro congresista expresó que es imposible que una campaña cueste lo mismo en Quindío, que tiene 12 municipios, que en Antioquia, que tiene 125. “Una campaña cuesta lo que la persona tenga capacidad de invertir, por eso, los topes no sirven para hacer control a ingresos. Un voto en Nechí, donde hay que pagar transporte fluvial, es más costoso que uno en la ciudad”.
Olga Illera, decana de Ciencia Política de la Jorge Tadeo, afirmó que en Colombia es normal que se violen lo topes, porque las leyes están escritas, pero no se cumplen. “Uno hace cuentas y no se ve racional el gasto comparado con lo que captaría por salarios”.
¿Pueden subir los topes?
Según el exviceministro Londoño, la Ley de Partidos pidió un estudio de los costos reales de las campañas, pero el Minhacienda no lo hizo: “si el Estado acepta que cuestan más, tendría que desembolsar más recursos por reposición. El Dane hizo un estudio y concluyó que no era necesario subir los topes. No entiendo por qué el CNE no los sube”.
El artículo 13 de la Ley 996 establece el reajuste de la financiación tiene en cuenta la variación del el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por ejemplo, mientras que en el 2010 el tope para candidatos presidenciales en primera vuelta fue de 17.000 millones de pesos, para 2014 se ubicó en 20.309 millones de pesos.
Felipe García, magistrado del CNE, explicó que estas cifras se definen con base en el histórico y en un índice del Dane. Sobre si le parecían reales, dijo que Estados Unidos es una prueba de que si no se tienen topes, nunca será suficiente. “Ese techo es para garantizar que el tamaño de la chequera no determine el tamaño de la democracia. Se debe mejorar los controles”.
Londoño explicó que en Estados Unidos, desde 2010, no existen límites en la financiación de particulares, pero las empresas y los candidatos deben hacer los reportes al Comité Federal de Elecciones.
El magistrado del CNE, Armando Novoa, afirmó que no pueden subir los topes porque no existe un estudio técnico que lo determine “y por eso aplican un reajuste con base en el IPC. Eso lleva a que esos topes sean irreales”.
La resolución 0398 de 2014 del CNE fijó el valor del voto en 4.726 pesos. Un senador que obtuvo 60.000 votos, por ejemplo, recibió 283 millones, una cifra que, según un parlamentario, no responde a los costos reales en logística (alimentación, actos públicos, transporte y testigos electorales), publicidad y administración (abogado y contador).
Agregó que los anticipos son solicitados por los partidos, hasta del 80 % de los gastos, luego de un trámite engorroso, y que aunque la ley 130 de 1994 establece que la entrega se debe efectuar un mes después de las elecciones, le llegan al candidato a los dos años, y el partido se queda con el 20 % para funcionamiento.
Según otro parlamentario, los anticipos solo funcionan en las entidades bancarias, que le prestan con facilidad a los candidatos que ya tienen trayectoria electoral. “Hago eventos de recolección de fondos, como cenas, rifas o subastas, o una actividad musical o cultural con venta de boletas. Acuden las personas que uno ayudó a vincular a un cargo”.
En las elecciones regionales del 2015, los recursos de anticipos no superaron el 1% del total de los ingresos de las campañas, lo que según la Misión de Observación Electoral (MOE) contradice el principio constitucional de que estas se deben financiar con recursos públicos y privados.
Para Jaime Alberto Carrión, docente de Política de la U. Nacional, aunque algunas donaciones son declaradas, la mayoría no. “Una campaña puede recibir especie material publicitario, asesorías, que resulte invisible en la contabilidad”.
Aunque los congresistas no son ejecutores de gasto, muchos hacen lobby en entidades públicas para conseguirle contratos a sus financiadores. “Por eso muchos descuidan la labor legislativa”, dijo el representante Federico Hoyos (Centro Democrático).
Según Londoño, no siempre el favor se devuelve con un contrato, también puede ser con el acceso a la información o beneficios tributarios. “Una decisión sobre un POT puede enriquecer a alguien. Si sabe que el municipio va a habilitar tierras, las compra y luego las vende carísimas”.