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El 50 % de las mezclas de concreto que se consumen en el país son realizadas por empresas informales o personas naturales, sin contar con un adecuado control de calidad o ambiental, lo que generalmente se asocia a evasión de impuestos y regalías, por lo que el Gobierno Nacional dejaría de percibir al menos 250 mil millones de pesos anuales.
Así lo denunció Manuel Lascarro, director general de la Asociación Colombiana de Productores de Concreto (Asocreto), que agremia a empresas cementeras, concreteras y de prefabricados del país. “Desde hace mucho tiempo está establecido el impuesto sobre las ventas (IVA) en el estatuto tributario, pero no se le está dando total cumplimiento”, comentó, al tiempo que exigió más control.
Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), a mayo, 22.140 contribuyentes del sector construcción y actividades relacionadas le adeudan al Estado 1,2 billones de pesos.
Este tema no es nuevo, ya en agosto pasado la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos de Colombia (Asogravas) lo había denunciado al señalar que cerca de la mitad los materiales de construcción (arenas, gravas, gravillas, triturados, balastros y materias primas de concreto y mezclas asfálticas) presenta algún grado de ilegalidad.
Pese a que la organización no maneja cifras actuales, el director general de Asogravas, Carlos Fernando Forero, consideró que es posible que se haya dado una reducción pues las autoridades competentes (como la Dian) han trabajado este tema desde que se hizo la denuncia. “Esperamos que el nuevo gobierno de Iván Duque siga en esta línea”, acotó.
Así, de acuerdo con cifras del Departamento de Administración Nacional de Estadística (Dane), la producción general de concreto de enero a abril fue de 2.123.700 metros cúbicos, una caída de 9,2 % frente a igual periodo de 2017 cuando alcanzó 2.339.200 metros cúbicos (ver Informe).
La calidad de los materiales es otra de las problemáticas que ha observado Asocreto. “Esto pone en riesgo la seguridad de las construcciones. Recientemente conocimos casos de cemento que llegó por contrabando desde Venezuela y Ecuador y que fue utilizado para edificar Viviendas de Interés Social (VIS)”, detalló Lascarro.
Dicho esto, Martín Alonso Pérez, el arquitecto y presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI), explicó que si los productos no cumplen con los cánones de calidad establecidos en las leyes, como requisitos de garantía, “se pone en riesgo a las comunidades que habitarán esa infraestructura” .