Diálogo: ¿una salida activa en Venezuela?

A cinco días de que se elija a constituyentes, mediadores, Gobierno y oposición tantean salida negociada.

Las protestas y manifestaciones previas a la Asamblea Nacional Constituyente, que se celebrará el domingo próximo, son evidencia
de que un 75 % de la población no está de acuerdo con esta medida decidida, sin consenso popular, por Maduro. FOTO efe

Tanto el Gobierno como la oposición queman sus últimos cartuchos para enfrentar una semana decisiva: Venezuela sigue o no con la idea de llamar el próximo domingo a una Asamblea Nacional Constituyente.

Entre los ciudadanos parece no haber acogida. Según la firma encuestadora Datanálisis, el 75 % de la población rechaza abiertamente un cambio de Constitución, mientras un 83 % cree que tal modificación es innecesaria.

“El rechazo se convierte en una acción cada vez más dura. Para la oposición, frenar la Constituyente es el quid, lo que determina su propia existencia, de la República y la democracia”, afirma Luis Vicente León, director de esa firma, y añade que el oficialismo, en cambio, lo apuesta todo por la Constituyente: “siente que sin ella y sin la fuerza mayoritaria que ya perdió no puede mantener su revolución ni preservar el poder”.

Lo anterior, sumado a las amenazas se sanciones por parte de la comunidad internacional (ver paréntesis), radicaliza las posiciones de ambos lados, pero también les abre la puerta a una negociación.

De hecho, el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, que lidera el grupo de expresidentes designados por la Unasur para buscar una solución negociada a la crisis del país vecino, afirmó ayer: “No hay una alternativa al diálogo y a la búsqueda del consenso. Cualquier alternativa es un conflicto grave, muy grave”.

Si bien el intento de sentarse en la mesa fracasó hace justamente un año, porque el Gobierno no mostraba incentivos (como la libertad de presos políticos, el llamado a unas elecciones regionales retrasadas o las condiciones para desarrollar un referendo revocatorio), Zapatero reveló: “No puedo ser explícito, pero el diálogo ha existido, existe y existirá con todo lo que está cayendo”.

Las estrategias

Mientras el presidente Nicolás Maduro se mantiene tozudo en que la Constituyente va, “sí o sí”, sus adversarios políticos se abocan a las calles: el miércoles y jueves tienen programada una huelga de 48 horas, y el para el viernes llamaron a toda la nación a encontrarse en Caracas para protestar contra la medida.

“Ir a las calles para provocar ingobernabilidad es una apuesta difícil, pero les queda también la negociación, que aunque no conseguiría lo que la mayoría de la gente quiere, que es una salida de Maduro, sí da la posibilidad de postergar la Constituyente y abrir el compás a la oposición en el Gobierno”, sugiere Nelly Arenas, politóloga de la Universidad Central de Venezuela, quien advierte que aunque es difícil hacer una proyección, si los diálogos surten efecto, éste solo será visible la noche antes del 30 de julio.

Juan Andrés Mejía, diputado opositor, confirma que el modus operandi de ese sector, por lo pronto, es la protesta, pero el viernes en la noche, después de la concentración en Caracas, anunciarán la nueva estrategia para el sábado y el domingo.

Sobre la posibilidad de una negociación, revela que, en efecto, la oposición ha estado enviándose mensajes con el Gobierno, por medio de los expresidentes Zapatero, Martín Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (República Dominicana), pero que hasta ahora “no ha habido respuesta positiva”.

“Obviamente todos estamos jugando nuestras cartas en medio de la negociación. Nosotros creemos que esa podría ser una salida, únicamente si lleva a una transición democrática, y hasta ahora parece que el Gobierno no está interesado en ellos, sino en mantenerse en el poder”.

Muestra de ello, continúa Mejía, es la amenaza de Maduro de llevar presos “uno por uno” a los 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que la Asamblea Nacional (de mayoría opositora) nombró el viernes pasado, argumentando que la fiscal general, Luisa Ortega, impugnó el nombramiento de los 33 designados por el anterior Parlamento (de mayoría chavista) y que no cumplen con requisitos mínimos.