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El Estado no deberá pagar a “tumbados” por pirámides


FOTO ARCHIVO COLPRENSA

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán negó las pretensiones de varias demandas que abarcaban 73.611 personas, con las que se pretendía responsabilizar a la Nación por los dineros que los ciudadanos perdieron en captadoras ilegales, como DMG y Proyecciones D.R.F.E., entre otras.

Todas buscaban la reparación a víctimas de estos esquemas ilegales, las cuales alegaban que hubo omisión de parte de las autoridades estatales porque, en su criterio, debieron evitar estas acciones de captación de recursos.

“Estas personas tenían pretensiones acumuladas por una cifra cerca a los 20 billones de pesos. La decisión niega las pretensiones de los demandantes y encuentra que la Nación no tiene responsabilidad alguna porque existe el principio de libertad económica y las personas tienen responsabilidad sobre el uso de sus propios recursos”, señaló el director de la Agencia Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez.

El juzgado señaló que no puede atribuirse culpa alguna al Estado al considerar que en todo momento, y una vez descubierto el fenómeno de pirámides, alertó a la población para que no invirtiera en negocios de dudosa credibilidad.

Por su parte, el superintendente Financiero, Jorge Castaño, agregó que aún están en trámite otras demandas que pretenden que el Estado pague unos 22 billones de pesos (ver Opinión).

Agregó que el fenómeno de captadoras ilegales en el país se ha trasladado a escenarios virtuales y ya se han hecho 20 advertencias sobre negocios que podrían ser fraudes o esquemas piramidales.

73.611

personas afectadas por captación ilegal sumaban las demandas acumuladas y falladas a favor de la Nación.

Contexto de la Noticia

Jorge Castaño
Superintendente Financiero
“Se han presentado 564 demandas contra la Superfinanciera desde 2008 por temas relacionados con la captación ilegal de recursos del público, de las cuales 220 ya tienen fallo de primera instancia a favor de la Nación y 50 en segunda instancia. Así que quedan pendientes cerca de 300 demandas más contra el Estado que tienen pretensiones por $22 billones”.

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