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El plazo está a punto de cumplirse. El próximo 15 de agosto las Farc deberán haber entregado la lista de todos los bienes para establecer la ruta de lo que se hará con ellos y si estarán disponibles para la reparación de las víctimas por los daños sufridos en el conflicto armado.
A cinco días de conocerse este inventario, es más la incertidumbre que las certezas sobre los activos que el grupo guerrillero deberá entregar.
Las dudas comienzan con dos puntos esenciales que fueron objeto de discusión en la Corte Constitucional y que hacen parte del decreto 903 de 2017 que regula esos activos: el primero, la impunidad para testaferros de las Farc al desconocerse en manos de quién estarían los bienes ilícitos de esa guerrilla, y que después de entregado el listado, “no cabrá acción penal alguna por conductas cuyos actos de ejecución hayan ocurrido antes de la entrega del inventario”.
El segundo, la creación de un fondo o patrimonio autónomo que servirá para reparar a las víctimas, pero también para brindar insumos a los proyectos productivos de los desmovilizados de las Farc así como fondos para el centro de pensamiento y formación política del nuevo partido.
Las primeras alertas fueron lanzadas por el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien en la audiencia pública en la Corte Constitucional solicitó condicionar el decreto y que estos bienes pasen por una extinción de dominio para realizar un saneamiento patrimonial.
Martínez respondió a EL COLOMBIANO que la entidad investigadora contrastará la información que posee la Fiscalía con la que entregarán las Farc, “y vamos a asegurar que esos patrimonios no vayan a estar dispuestos contrariando el orden constitucional que obliga a que sean objeto de extinción de dominio”.
En esa misma línea, el procurador, Fernando Carrillo, insistió en que privatizar el fondo al que irán los bienes “es un lujo que no se pueden dar”, y debe dejarse claro que como son activos de orígenes indebidos no los están devolviendo al Estado, no es una donación de las Farc, y entregarlos es su obligación para buscar la reparación.
Para Bertha Lucía Fries, afectada por las Farc en el atentado del club El Nogal el 7 de febrero de 2003, la reparación debe estar en el primer escalón del Acuerdo.
“Nosotros (las víctimas) no estamos en el centro. Llevamos 14 años en los que no nos han entregado nada. Pedimos que lo que vayan a entregar lo hagan directamente a nosotros, sea un cheque o un dinero, pero que seamos primero”.
Bertha expresa que está de acuerdo con que les brinden apoyo a los desmovilizados para hacer proyectos productivos, pero insiste en que los civiles “debemos ser primero”.
En respuesta a las víctimas, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, le pidió a la Corte Constitucional que avale el decreto de ley 903 de 2017 con el cual se regula todo lo relacionado con la entrega de bienes, porque cumple con los preceptos de reparación.
“La entrega de los bienes por parte de las Farc para la reparación de las víctimas se ajusta a sentencias que señalan que la obligación de reparar corresponder, en primer lugar, a los responsables”, fueron las palabras de Gil.
El monto total de los bienes aún es un secreto para el país. El próximo martes las Farc deberán entregar la lista a a la Misión de Observación de la ONU, lo que se considera el penúltimo paso para convertirse totalmente en una organización legal y política