colombia | Publicado el 22 de agosto de 2018

Los interrogantes del aumento extraordinario del mínimo

Foto: Manuel Saldarriaga Quintero

Colprensa

Un amplio debate, con más preguntas que respuestas, abrió este miércoles el Centro Democrático, en cabeza del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, con la radicación de un proyecto de ley que busca darle facultades al presidente Iván Duque Márquez para que haga –por una sola vez– un incremento extraordinario del salario mínimo de los colombianos.

Una de las primeras preguntas que deja la iniciativa es el monto en que se podría aumentar el salario mínimo. Precisamente, Uribe Vélez explicó que el proyecto no establece los porcentajes sobre los cuales podría darse el incremento, pero que de ser aprobado, habrá mecanismos para establecerlo. “Nosotros no hablamos de porcentajes, es un aumento extraordinario. Ya hay mecanismos de concertación para que lo defina”, dijo el expresidente.

Para llevar a cabo dicho incremento, según la propuesta, Duque tendría un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de publicación de la ley si es aprobada. En ese periodo, el mandatario también deberá expedir normas con fuerza de ley que fijen parámetros en otros aspectos ligados al tema, como la posibilidad de que este aumento no entre a la corriente monetaria inmediatamente por el riesgo inflacionario, sino que se deposite en las cuentas de cesantías de los trabajadores y que después se pueda desembolsar bajo parámetros que también tendrán que establecerse.

Otro de los aspectos importantes que deberá definir el jefe de Estado, de acuerdo con la iniciativa radicada este miércoles, es “la inclusión de dicho aumento porcentual en la base de liquidación de las prestaciones sociales y aportes a la seguridad social de los trabajadores”.

También se tendrá que definir qué pasaría con aquellos factores cuyo incremento anual se calcula con base en el salario mínimo, como las multas y los arriendos. “En las prestaciones y en las cotizaciones de seguridad social, debe haber impacto. En los otros elementos o indicadores que están sujetos al salario mínimo, el presidente de la República, si se aprueba este proyecto, tendrá facultades para decir qué se excluye de ese impacto”, dijo Uribe Vélez.

Este proyecto iría en paralelo a la reforma tributaria que planea presentar el Gobierno del presidente Duque, no obstante, según lo dijo el mismo senador Uribe, esta iniciativa no iría en contravía a esta reforma, la cual pretende disminuir impuestos a las empresas y aumentar el número de personas naturales que declaran, sino que –por el contrario– se complementarían.

“Al radicar este proyecto venimos a honrar un compromiso. El Centro Democrático, nuestros precandidatos, nuestro candidato y hoy presidente de la República, Iván Duque, y quienes aspiramos al Congreso, le propusimos al país una economía cristiana, sin confrontación. Un esquema económico y social que genere empleo de calidad de manera estable”, aseguró Uribe Vélez.

El expresidente agregó que la propuesta busca que el país tenga un Estado austero, eficiente, transparente, con menos impuestos a los empleadores, con reglas de juego estables en el largo plazo, así como un mejor salario mínimo para los trabajadores.

Al interior del Congreso han surgido distintas voces desde que se radicó el proyecto en el Senado. Algunas de ellas, las más críticas, argumentan que se trata de una distracción para la reforma tributaria, que impondría más impuestos a la clase media.

El senador del Partido Cambio Radical Richard Aguilar sostuvo que hay preocupaciones sobre la inflación y el poder adquisitivo del peso colombiano, pero que también se le puede dar otra interpretación al hecho y es que este proyecto puede ser “ una compensación emocional por lo que va a presentar el ministro Carrasquilla en cuanto bajar la base gravable para el impuesto de renta”.

“Todo esfuerzo para subirle el salario mínimo a los trabajadores es loable, pero aquí hay que evaluar si esas facultades las ha solicitado el Gobierno Nacional. Recuerden que el artículo 150 de la Constitución en su numeral 10 dice expresamente que se deben solicitar por el Gobierno esas facultades”, agregó el senador.

Alexander López, senador del Polo Democrático, señaló que toda propuesta que conduzca a mejorar el salario mínimo es positiva. “Lo grave de todo esto es que el senador Uribe por un lado propone aumentar el salario mínimo, que a mi juicio es inconstitucional, pero por otro lado, su Gobierno –con el presidente Duque a la cabeza y el ministro Carrasquilla– propone más impuestos para los trabajadores y la clase media. ¿No será una cortina de humo más bien para engañar a los trabajadores?”.

No obstante, López agregó que estudiará la propuesta, pero que su bancada va a derrotar la reforma tributaria para que no sea la clase media ni los trabajadores los que terminen pagando. El senador también hizo énfasis en que se debe estudiar si la bancada del Centro Democrático puede pedir facultades para el presidente, teniendo en cuenta lo establecido en la Constitución.

Armando Bendetti, del Partido de la U, aseguró que es mentira que el uribismo vaya a subir el salario mínimo, pero indicó que lo que sí no es mentira es que este proyecto “obedece a una estrategia” para distraer la cantidad de impuestos que quieren imponer a los colombianos.

Gremios y sindicatos, con opiniones divididas

Pero la propuesta presentada por el Centro Democrático trascendió los muros del Legislativo y generó también distintas posiciones en el ámbito académico y empresarial, porque además de ser una medida que tiene un impacto directo en la economía, fue presentada faltando poco más de tres meses para que se instale la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, en donde el gobierno, los empresarios y los sindicatos discutirán el incremento salarial para el 2019.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, consideró que es una propuesta interesante la cual tiene muchas ventajas, no obstante, aseguró que debe ser ampliamente discutida por varios sectores del país.

“Es una iniciativa interesante y que nosotros estamos analizando y que conocimos hasta hoy. Le vemos pros y contras pero en verdad le vemos muchas cosas a favor y creemos que hay que tener cuidado en temas como el impacto fiscal, ciertos gastos relacionados con el salario como las pensiones y las multas. Además de asegurarnos que esto no lleve a una inflación de costos y que no sea un incentivo para la informalidad”, indicó Mac Master.

En la misma línea se pronunció la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), que consideró la propuesta como “audaz, novedosa e interesante”, aunque señaló que debe ser examinada en detalle antes las posibles consecuencias por una medida de tanta trascendencia.

“Fenalco solicita al presidente del Consejo Gremial Nacional, Jorge Humberto Botero, convoque a los miembros del consejo en pleno a una reunión de carácter extraordinario a la mayor brevedad, a fin de estudiar el tema y si es posible intentar construir una posición de consenso entre los empresarios”, indicó Fenalco.

No obstante, una visión dividida tienen los sindicatos representados en la Confederación General de Trabajadores (CGT) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quienes consideran, por un lado, que la medida puede ser buena, pero por otro, que tendría un interés del Gobierno en materia económica.

“Es una propuesta que tiene serias dificultades porque manifiesta que debe hacerse un incremento, pero que este no debe afectar el comportamiento de la economía en materia de inflación. Esa es una pregunta que debería responder el ministro de Hacienda para ver cómo la van a hacer, porque indudablemente el incremento necesariamente va a afectar el comportamiento de la economía”, indicó Luis Fernando Pedraza, presidente de la CUT.

Entre tanto, Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, resaltó que la propuesta puede ser positiva para las familias del país y como una medida para adecuar la legislación en materia laboral.

“Una familia de cinco personas no puede vivir con el salario mínimo actual y un incremento de manera exponencial es bienvenido. Independientemente de quien lo proponga, lo podemos entender como un adelanto para lo que tendrá que ser una adecuación de la legislación y de los estándares laborales para los trabajadores acorde con el ingreso a la OCDE, por eso considero que puede ser positivo desde esa perspectiva”, explicó Gómez.

En lo que sí coincidieron los representantes de los sindicatos es que este tema debe ser discutido en la mesa tripartita de concertación laboral, en donde varios sectores pueden dar a conocer sus posiciones y ver su viabilidad.

“Hay unos mecanismos que son necesarios tener en cuenta, como que el incremento es facultativo de la Comisión permanente de concertación y al ser un incremento de carácter extraordinario también debe ir a esa mesa. Por lo tanto, habrá que desarrollar un trabajo intenso para que este incremento se materialice, lo cual representaría dos aumentos salariales continuos: el de la propuesta del senador Uribe más el incremento que se pacte en diciembre para el próximo año”, explicó Gómez.

Por su parte, Pedraza indicó que “el camino viable para desarrollar la propuesta es la Comisión de Concertación porque es un mecanismo que establece la Constitución, en donde participan los empleadores, los trabajadores y el Gobierno, y es allí donde se debe discutirla para analizar qué es lo que se pretende y cuáles son los impactos”.

El presidente de la CUT también resaltó que la propuesta de Uribe puede ser “un señuelo para meterle el diente a otros aspectos en el terreno del comportamiento de la economía y como una forma de justificar ante el país el esfuerzo que se hizo para cumplir con una promesa electoral, que quizás finalmente no se logre, para decir que se intentó”.

¿Es viable la propuesta?

El decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado, Julián Arévalo, aseguró que esta es una propuesta que no es viable, porque aumentar el salario mínimo de esa forma contempla unas presiones inflacionarias y aumentaría los costos laborales que deben ser asumidos por los empleadores.

“A pesar de que el proyecto establezca medidas para controlar los efectos sobre la inflación y sobre otros indicadores económicos, esto es algo que no se resuelve por ley o por decreto, sino que responde a las dinámicas del país y que terminará afectando a los trabajadores y a pequeños y medianos empresarios que dependen de empleados con salario mínimo y cuyos costos laborales se verían afectados”, indicó Arévalo.

Por su parte, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Central, Erick Behar, consideró que este tipo de iniciativas preocupan ya que se empezaría a decretar el aumento del salario mínimo sin estar basados en ningún tipo de variable macroeconómica, por ejemplo, el aumento de la competitividad y productividad en el país.

“Eso genera preocupación en el empresariado porque no se entiende exactamente a qué se refiere cuando se anuncia un aumento extraordinario y sustancial del salario mínimo. Una empresa que no tiene liquidez y problema de caja va a sufrir bastante y se pueden derivar dos consecuencias: generar un incentivo hacia la informalidad y que se realicen despidos”, explicó Behar.

En ese sentido, el decano de la Central aseguró que aunque el salario mínimo actualmente está por el orden de los 781.000 pesos, los empresarios deben asumir costos por 1.250.000 pesos por cada empleado por cuenta de las prestaciones legales, costos que con esta medida podrían aumentar.

Con esta postura coincide Arévalo, quien aseguró que “para el empresario sus costos van a ser más altos porque sus trabajadores deben ser remunerados de mayor forma y tienen que salir de muchos empleados, en algunos casos, o reducir su margen de ganancia. Para los trabajadores, parecería una medida atractiva, sin embargo, en el mediano y largo plazo, cuando todos los precios empiecen a subir, los más afectados serán justamente ellos y las familias de menores ingresos”.

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