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Las serias acusaciones de corrupción por las cuales abrieron investigación contra dos exmagistrados, dos congresistas y un exgobernador golpea a las tres ramas del poder y pone duda la confiabilidad del aparato estatal.
Según la Constitución Política de Colombia, la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. Es decir que sus magistrados deben encarnar lo más alto de la justicia en Colombia.
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Que dos expresidentes de este alto tribunal hayan accedido a recibir coimas o pagos de favores por parte de un grupo de abogados para amañar fallos judiciales implica empañar por completo esta dignidad.
Pero más empañada queda si estos amaños van para congresistas, como quedó en las escuchas interceptadas a los abogados Gustavo Moreno y Leonardo Pinilla.
Los congresistas, en su calidad de representantes ante las leyes del pueblo, tienen un aforo especial y no pasan por el proceso que tendría cualquier ciudadano cuando se les abre una investigación. Ellos van directo a la Corte Suprema de Justicia, precisamente porque se presume que está compuesta por jueces incorruptibles.
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Se trata de un entramado que podría cobijar pagos de favores, si tenemos en cuenta que un abogado hábil puede sacar fruto de la relación entre el Congreso (que investiga a los magistrados) y la Corte Suprema (que investiga a los congresistas).
Más en el caso de Gustavo Moreno, que fue designado fiscal anticorrupción (alta posición dentro del ente acusador) y también fue abogado defensor de varios congresistas, recordando que es en el Capitolio y en la Corte Suprema en donde se terna y se eligen a los fiscales generales de la Nación.