Política | Publicado el 8 de marzo de 2018

Las mañas de los que manipulan las elecciones

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Estefanía Carvajal Restrepo

Si hubiera un certamen de innovación criminal, los candidatos sin escrúpulos podrían competir por el primer puesto: hay quienes hacen lo que sea –¡lo que sea!– con tal de ganar un puesto de elección popular.

Este fraude no sería fácil, sin la complicidad de los votantes, quienes aceptan dádivas a cambio de marcar el número de un candidato en el tarjetón. Incluso viajan horas para votar en un municipio que no habían visto ni en Google Maps.

Según Verónica Tabares, vocera de la Misión de Observación Electoral (MOE) en Antioquia, las elecciones de mayor “movimiento” en cuanto a delitos electorales son las locales, “porque en algunos municipios los controles son menores y las posibilidades de que grupos con intereses particulares ejerzan control o cobren favores de campaña con funcionarios elegidos es mayor”.

Eso no significa que las legislativas estén exentas de riesgo. En las últimas votaciones de Senado y Cámara, en 2014, la MOE recibió 2.633 reportes de presuntos delitos.

En este año, sépalo y entiéndalo, los delitos electorales se pagan con cárcel, así el pago sea un tamal. Estas son los 11 delitos clasificados en el Código Penal que lo podrían llevar a usted –elector o candidato– a la cárcel.

Tráfico de votos

Supongamos que usted es el candidato del pueblo y el presidente de la Junta de Acción Comunal de una vereda le ofrece 150 votos a cambio de un puesto. Cuidado, ¡es delito! Se paga con prisión de 4 a 9 años y una multa de hasta 1.200 salarios mínimos.

Fraude en la inscripción

De acuerdo con Tabares, el “trasteo de votos” es una de las prácticas criminales más comunes. ¿Le han ofrecido llevarlo a un municipio, de paseo, solo para marcar el tarjetón? ¿Le pidieron inscribir la cédula en un pueblo a cambio de dinero?

¡No lo haga! También es un delito. Por ejemplo, la candidata al Concejo de Galeras (Sucre) Fanny Machado fue detenida por supuestamente haber pagado a residentes del municipio de San Benito Abad para que inscribieran su cédula en Galeras y votaran por ella.

Posesión ilícita de cédula

La persona que evite que otros ciudadanos voten reteniendo ilegalmente la cédula de ciudadanía tendría una pena de 4 a 8 años de prisión y una multa de hasta 200 salarios mínimos.

Voto fraudulento

Se trata de quienes sufragan más de una vez, suplantan a otra persona (a un muerto, por ejemplo) o votan cuando no tienen derecho (condenados y miembros de la Policía y Fuerzas Militares). También incurren en un delito los jurados que permitan que estas personas voten.

Corrupción al sufragante

Este delito consiste en comprar el voto (y aquí vale desde dinero en efectivo hasta mercados y promesas de contratos). Cuidado, porque el único criminal no es el comprador, sino también el que acepte vender su voto.

En las elecciones regionales del 25 de octubre de 2015 fueron capturados en Antioquia Leonel Rosero y Guillermo García. El primero aspiraba al Concejo de Candelaria y estaba repartiendo mercados. El segundo, según la Fiscalía, “fue sorprendido con dinero y propaganda de la campaña de un Gumercindo Flórez, aspirante a la Alcaldía de El Bagre”.

Ese día, la Fiscalía capturó a 70 personas e incautó 1.750 millones de pesos en efectivo.

Perturbación

Cualquier “maniobra engañosa” que impida la votación de los ciudadanos durante una jornada se considera delito y se paga con hasta 12 años de prisión, “cuando la conducta se realice por medio de violencia”.

Pasó en 2015 en Saldoblanco (Huila), cuando un excandidato a la alcaldía y un exconcejal de ese municipio ingresaron al puesto de votación y quemaron los votos que se habían depositado hasta el momento.

Alteración en los resultados

Alfonso Portela Herrán, exdirector de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional, consignó en su libro Fraude electoral: lo que la tinta no corrige varias de las prácticas delictivas de los jurados de votación.

Por ejemplo, los jurados califican como voto nulo las tarjetas correctamente marcadas o adicionan una marca para producir la anulación del voto. Otra modalidad se llama “mesa gemela”, y consiste en cambiar las bolsas con los votos durante su transporte, por otras nuevas, que contienen tarjetas electorales idénticas a las originales.

También existe el carrusel, que consiste en que elector recibe el tarjetón con voto previamente marcado y lo deposita en la urna. El que le dan los jurados se lo entrega a quien le compra el voto... y vuelve a arrancar el carrusel.

Parece simple y hay varias modalidades para hacerle trampa a la democracia, pero, téngalo claro, estas prácticas están prohíbidas y se traducen en condenas de prisión y multas. Puede salir caro.

Los delitos electorales, que se han convertido en paisaje en pequeños municipios, son una amenaza para la democracia colombiana y la transparencia de las elecciones.

Contexto de la Noticia

· La Ley 1864 del 17 de agosto de 2017 modificó la Ley 599 de 2000 y dictó “otras disposiciones para proteger los mecanismos de participación democrática”.

· Los delitos electorales se pagan con penas de entre 4 y 12 años de prisión y multas de hasta 1.200 salarios mínimos mensuales vigentes.

· Los ciudadanos pueden denunciar delitos electorales en la Unidad de Recepcipón Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel).

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