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Que el presidente Juan Manuel Santos invite a los alcaldes del país a votar por el Sí en el plebiscito no es ilegal. En julio pasado, la Corte Constitucional permitió que los funcionarios públicos participen en la próxima campaña electoral, teniendo en cuenta la trascendencia que tendrá la decisión que surja de las elecciones del 2 de octubre.
No obstante, un audio de 51 segundos revelado por Blu Radio ha generado molestias en la campaña por el No. En el mensaje, el presidente Santos le pide a los alcaldes del país “su ayuda” para que el Sí gane de manera contundente.
Un alcalde de Antioquia, que pidió mantener su nombre en reserva, señaló que ante los mensajes del presidente Santos se ve impedido para realizar una campaña por el No, teniendo en cuenta una posible represalia por parte del Gobierno. Que el presupuesto disminuya es una de las principales preocupaciones del alcalde de este municipio.
Según Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático, “el presidente está utilizando a los funcionarios públicos y a los mandatarios locales como carne de cañón electoral. Tiene chantajeados a los gobernadores y alcaldes con los recursos del orden nacional. Esto es absolutamente ilegal y genera inequidad”.
No es así para José Gregorio Hernández, exmagistrado de la Corte Constitucional: “He sido crítico del acuerdo de paz pero estoy de acuerdo con la decisión que tomó la Corte. Una cosa es participar en elecciones para elegir a un presidente, a un alcalde o a un gobernador, y otra muy diferente es participar en un plebiscito, que es un tema de participación, donde tienen derecho todos los ciudadanos. Estaría mal si el presidente obliga a los alcaldes a que apoyen el Sí, pero puede invitarlos”.
“Apreciado alcalde, le habla Juan Manuel Santos. Sé de su compromiso por la paz. Y sé que está trabajando entusiasmado por el Sí (...) Quiero pedirle su ayuda, para que invite a trabajar con usted a los concejales de su municipios y a los miembros de las Juntas de Acción Comunal y así lograr una votación histórica y contundente. Colombia y las próximas generaciones le sabrán agradecer”.
Este es un fragmento del mensaje que envió el presidente. Para el Gobierno, lo que dijo el mandatario está en el marco legal. De hecho, el secretario General de la Presidencia de la República, Luis Guillermo Vélez, fue enfático en que “los funcionarios pueden hacer campaña por el Sí y pueden hacer también campaña, si lo desean, por el No”.
Camilo Mancera, coordinador jurídico de la Misión de Observación Electoral (MOE), considera que es “novedoso que los funcionarios públicos participen en la campaña electoral. Es algo que no había sucedido antes. La razón, según la Corte, es que no estamos hablando de la elección de un candidato sino de una política de Estado que nos concierne a todos. La invitación parece estar dentro del marco legal”.
Hay otros eventos, sin embargo, que han causado malestar en las regiones. En Cundinamarca, el gobernador Jorge Emilio Rey ha manifestado públicamente su apoyo al Sí. De hecho, el pasado 7 de septiembre Rey recibió al profesor Gustavo Moncayo, quien comenzó una travesía de más de 1.000 kilómetros para llegar desde Bogotá a Cartagena para la firma de los acuerdos de paz.
“Lo despedimos desde la Gobernación, que es la embajada de 2 millones 600 mil ciudadanos que laten y respiran por el proceso de paz (...) ¡La paz vale la pena! Y nosotros en Cundinamarca, especialmente yo, vamos a votar sí a la paz”, dijo el gobernador.
Para Camilo Rubiano, líder ganadero de la región y miembro del Centro Democrático, el gobernador de Cundinamarca ha descuidado su gestión por hacerle campaña al plebiscito: “Es muy preocupante que el Gobierno de Cundinamarca esté realizando una campaña como estas con el erario público. He recibido la denuncia de varias Juntas de Acción Comunal por lo que sucedió hace 20 días, cuando se posesionaron. El gobernador Rey los citó y se encontraron con el presidente de la República exigiendo el voto por el Sí, algo que es supremamente grave”.
Para Rubiano es incomprensible que Rey haga campaña por el Sí “cuando el presupuesto para el sector agropecuario por parte del Gobierno Central se ha reducido en un 33 %. Cundinamarca depende del campo; el 86 % de los municipios son categoría 5 y 6, realmente pobres, y el Gobierno recorta presupuesto”.