colombia | Publicado el 11 de septiembre de 2018

La tarea de “afilar” los dientes de Supersalud

Solo en julio se reportaron 32.513 peticiones, quejas y reclamos ante la Superintendencia de Salud. FOTO JAIME PÉREZ

Richard Aguirre Fernández

Acabar las malas EPS y proteger de una mejor manera a los usuarios del sistema de salud fueron dos de los temas con los que llegó Iván Duque a la Presidencia y durante el mes que lleva en funciones revalidó su interés de darle “más dientes” a la Superintendencia de Salud.

“Tenemos un supersalud, Fabio Aristizábal, con los colmillos bien afilados, y le vamos a dar las herramientas legales para que empiece a imponer sanciones a los actores públicos y privados que estén desangrando el sistema”.

Lo que pasa

Pero, ¿por qué el interés de tener más dientes? La respuesta es sencilla. Las peticiones, quejas y reclamos (PQR), que posteriormente se convierten en tutelas para reclamar los servicios de salud, son una preocupación evidente para el sistema, el gobierno y, naturalmente para los pacientes, pues se convierten en el único camino para reclamar.

El informe de la Supersalud indica que en julio se reportaron 32.513 PQR, y las dos EPS que encabezan el escalafón son Coomeva y Medimás (ver infográfico), pues sumadas llegan a 12.753, equivalente al 39,2 % del total, y que se ven reflejadas en largas filas, llamados de los ciudadanos y hasta quienes se encadenan a las puertas de algunas EPS.

¿No hay dientes?

Para el superintendente de Salud, quien fue el asesor en temas de salud para la campaña de Duque, sí hay dientes, pero se enfrenta un reto por las dificultades que se viven en algunas regiones del país. A su juicio, algunas EPS no andan bien y lo mismo pasa con la calidad del servicio.

Pese a que sus funciones están claras y van desde dirigir, coordinar y ejecutar políticas de inspección, vigilancia y control del sistema de salud, hasta conciliar conflictos entre actores del sistema, hay temas por mejorar.

El director del Centro de Derecho Médico, José Norman Salazar, asegura que la Superintendencia tiene herramientas, pero debe poner en práctica sus capacidades sancionatorias, como otras entidades.

El supersalud coincide, al compararse con la Superindustria, que sí sanciona. “Es una tarea que tenemos que enfrentar con todo rigor. Lo vamos a hacer bien”, manifestó el funcionario, reconociendo que su capacidad sancionatoria es “bajita”. Por ejemplo, en 2016, la entidad impuso 1.432 sanciones por $75 mil millones, frente a las 1.165 sanciones por valor de $71 mil millones de 2015.

Podrían llegar

Otra línea a la que le apunta Salazar es que hay poco personal para que la Supersalud cumpla con su función –estimado en unos 700 empleados–, así que plantea más personal que, aunque suene burocrático, permitirá que la entidad tenga presencia más fuerte en las regiones, pues hoy solo tiene cinco regionales y 78 puntos de atención. “El tamaño de su personal debe ser acorde con sus responsabilidades”, dice Salarzar.

También entra al debate acabar las “malas EPS”. Para que esto suceda habría que esperar al menos ocho años, según Jaime Arias Ramírez, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, quien reconoce que la idea es viable, pero se requeriría ese lapso para implementarla y que el sistema, en general, se adapte, sin provocar “un colapso”.

Al respecto Francisco Castellanos, director de la Organización Defensa del Paciente, resalta que sería “óptimo” contar con una entidad “que proteja mediante acciones concretas e inmediatas y que superen las barreras”.

En cuanto a la vigilancia de recursos, el presidente del observatorio Así Vamos en Salud, Augusto Galán, manifiesta que el asunto no solo tiene que ver con “hacerle seguimiento a la plata”, sino que debe fortalecer “las capacidades de control y de vigilancia, tanto a clínicas como hospitales.

Según los consultados y el propio superintendente, la entidad viene en un “proceso de fortalecimiento” que permitirá, además de “afilar los dientes”, ser más estricta en el control y la vigilancia .

Contexto de la Noticia

· De acuerdo con los consultados para este informe, el gobierno y la Superintendencia deberían revivir y poner en práctica al “Defensor del usuario”, diseñado a través de la Ley 1122, que se creó con el objetivo de que fuera el encargado de ayudar en la gestión de la operación del sistema.

· Esta medida también debía gestionar las quejas y reclamos de los usuarios en los departamentos y de esa manera la Supersalud no estaría saturada atendiendo quejas de todo el país.

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