colombia | Publicado el 4 de agosto de 2018

La paz del país quedó en la mitad del camino

La firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc fue el principal hito del Gobierno del presidente Santos. FOTO AP

Por Olga Patricia Rendón M.

“Nosotros entregamos al país sin Farc”, dice el alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera. Y es que ese fue el objetivo del presidente Juan Manuel Santos desde que inició su gobierno: lograr la salida negociada al conflicto armado colombiano.

“Los últimos gobiernos, por varias décadas, intentaron resolver ese tema por la vía militar y de operaciones o por la vía de la negociación, con distintos resultados, pero ninguno resolvió el tema de las Farc, hasta el presidente Santos”, anota el comisionado.

Hoy hay réditos de esa negociación: las Farc dejaron las armas con verificación internacional, lo que se convirtió en un hito mundial; hoy el partido político que nació de esa extinta guerrilla tiene diez curules en el Congreso, y cambiaron las balas por las ideas; los máximos responsables de los delitos más graves ocurridos durante el conflicto armado (guerrilleros y militares) empezaron a comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz, y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad ya escucha a los actores de esa triste historia de Colombia.

Sin embargo, en el horizonte se plantean problemas. Hoy Colombia no cuenta con una paz completa. Varios miembros de la extinta guerrilla armaron rancho aparte y se conformaron como disidencias, inteligencia militar habla de aproximadamente 29 estructuras residuales, que se distribuyen a lo largo y ancho del país, azotando peligrosamente zonas como Tumaco (Nariño), toda la zona de influencia del antiguo Bloque Oriental, y el Norte de Antioquia.

Quedan vivas las guerras con el Clan del Golfo y con el Epl, que no lograron someterse a la justicia durante la administración de Santos y acribillan a civiles en Catatumbo (Norte de Santander) y Chocó; pero queda lista la ley de sujeción que les otorga hasta el 50 % de descuento en las penas si colaboran con la justicia.

También quedó en la mitad del camino la negociación de paz con el Eln, que sin avances tangibles enfrentará otra remezón cuando empiece la presidencia de Iván Duque.

LAS TAREAS PENDIENTES EN EL PAÍS

1. Modernizar las fuerzas de tarea

Renovar estas unidades militares para el control territorial en profundidad, para enfrentar amenazas asimétricas existentes como el Eln, narcotráfico, las bandas criminales, y otras emergentes como las disidencias de las Farc.

2. Narcotráfico no será delito conexo

Prohibir que el narcotráfico sea un delito conexo al político, para que no se conside una práctica para financiar la guerra. Así el narcotráfico no sería amnistiable en Colombia. Esto para evitar el trato que recibieron las Farc en este tema.

3. Sustitución de cultivos obligatoria

Establecer la obligatoriedad de la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos. No será voluntaria, será obligatoria. Uno de los puntos fundamentales del Acuerdo es este, que busca la no criminalización y la concertación con las comunidades.

4. Cambios a la Jurisdicción de Paz

Crear una sala dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz exclusivamente para la Fuerza Pública, con magistrados especializados en justicia penal militar. El trato de excombatientes y militares no debe ser simétrico.

5. Condiciones para Diálogos con el Eln

El Eln deberá concentrarse con supervisión internacional, suspender todas las actividades criminales y la negociación será menor a seis meses para definir las condiciones de desmovilización a cambio de reducción de penas.

LOS RETOS DEL NUEVO PRESIDENTE

1. Lucha contra las disidencias

Según fuentes militares, en Colombia operan hoy 29 estructuras residuales que surgieron como disidentes del Acuerdo de Paz. Han probado su control territorial en los Llanos Orientales, Tumaco (Nariño) y el Norte de Antioquia.

2. Protección a líderes sociales

Entre el 1° de enero de 2016 y el 30 de junio de 2018, 311 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos fueron asesinados, según la Defensoría, en zonas donde se instalan programas de posconflicto. El reto será protegerlos.

3. Reforma rural integral

La Reforma Rural Integral, contenida en el Acuerdo, busca acabar con las causas del conflicto; sin embargo, su implementación solo es del 13,71 %. El nuevo Gobierno deberá presentar varios proyectos para mejorar el acceso a tierras.

4. Negociación con el Eln

Pese a que es histórico que el Eln esté en una mesa de diálogos con el Gobierno, los avances en la agenda de negociación no han sido significativos. Las condiciones impuestas por Duque se configuran en una piedra en el zapato.

5. Reincorporación de excombatientes

Un poco más de 13.000 excombatientes han sido acreditados y reciben hoy los beneficios económicos, pero la reincorporación a largo plazo hay que seguirla construyendo. Solo han sido aprobados diez proyectos productivos.

41,18

por ciento avanzó la sustitución de cultivos en un año: Congreso.

El Gobierno de Santos asegura que la inversión en Antioquia fue de las más altas en infraestructura y vivienda. Pero en la región sienten que no hubo suficiente apoyo para temas decisivos.

Contexto de la Noticia

El Gobierno de Juan Manuel Santos fue el único que logró un acuerdo de paz con las Farc. El 26 de septiembre de 2016, en Cartagena, frente a la comunidad internacional y a las víctimas, el presidente Santos y Rodrigo Londoño Echeverri, “Timochenko”, máximo jefe de esa guerrilla, firmaron por primera vez el Acuerdo. El documento incluía reformas de fondo a las causas del conflicto, como la Reforma Rural Integral, la Solución al problema de las Drogas Ilícitas y la participación en política; definía la ruta para la dejación de las armas y los mecanismos de justicia transicional.

Después de la primera firma, el Gobierno sometió a la voluntad popular, a través de un plebiscito, el Acuerdo. El 2 de octubre de 2016, ganó en las urnas el No con el 50,23 % de los votos (6.424.385 de votos) contra el 49,76 % (6.363.989 de votos). Dado el estrecho margen, Santos convocó a los líderes del No para conocer sus propuestas, mismas que fueron llevadas a la mesa de negociaciones de Cuba. Según el Gobierno, el 90 % de las propuestas fueron incorporadas en el nuevo Acuerdo firmado el 24 de noviembre de 2016, pero la oposición no lo reconoció así.

Un año y medio estuvieron sentados el Gobierno y el Eln en la mesa de diálogos, pero los temas de la agenda pactada, por lo menos públicamente, no fueron desarrollados. Trataron de avanzar en el punto de participación, pero no quedó diseñada la ruta necesaria para que desde el territorio pudieran participar de los diálogos. Era un objetivo del presidente Juan Manuel Santos entregar la mesa al próximo Gobierno en un punto de no retorno, pero se estancó en el cese el fuego bilateral.

En los próximos 15 años, la implementación del Acuerdo costará $129,5 billones. El mayor rubro será la reforma rural integral, que costará 110,6 billones; la participación en política costará 4,3 billones, el fin del conflicto ya costó 1,9 billones; para la solución al problema de las drogas ilícitas, que incluye la sustitución voluntaria de cultivos y la erradicación se invertirán 8,3 billones, y para el punto de víctimas, en el que está la Jurisdicción Especial de Paz, serán 4,3 billones de pesos.

La Misión de la ONU en Colombia verificó la dejación de las armas de la Farc y la consideró exitosa. En total fueron dejadas y destruidas 8.994 armas de uso individual, 12 lanzacohetes, 229 lanzagranadas, 268 morteros de diferente calibre, 1,7 millones de municiones, 38.255 kilogramos de explosivos diversos, 51.911 metros de cordón detonante y mecha lenta, 11.015 granadas, 3.528 minas antipersonal, 6.288 iniciadores-estopines, 4.370 municiones de mortero.

Renovar estas unidades militares para el control territorial en profundidad, para enfrentar amenazas asimétricas existentes como el Eln, narcotráfico, las bandas criminales, y otras emergentes como las disidencias de las Farc.

Prohibir que el narcotráfico sea un delito conexo al político, para que no se conside una práctica para financiar la guerra. Así el narcotráfico no sería amnistiable en Colombia. Esto para evitar el trato que recibieron las Farc en este tema.

Establecer la obligatoriedad de la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos. No será voluntaria, será obligatoria. Uno de los puntos fundamentales del Acuerdo es este, que busca la no criminalización y la concertación con las comunidades.

Crear una sala dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz exclusivamente para la Fuerza Pública, con magistrados especializados en justicia penal militar. El trato de excombatientes y militares no debe ser simétrico.

El Eln deberá concentrarse con supervisión internacional, suspender todas las actividades criminales y la negociación será menor a seis meses para definir las condiciones de desmovilización a cambio de reducción de penas.

Según fuentes militares, en Colombia operan hoy 29 estructuras residuales que surgieron como disidentes del Acuerdo de Paz. Han probado su control territorial en los Llanos Orientales, Tumaco (Nariño) y el Norte de Antioquia.

Entre el 1° de enero de 2016 y el 30 de junio de 2018, 311 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos fueron asesinados, según la Defensoría, en zonas donde se instalan programas de posconflicto. El reto será protegerlos.

La Reforma Rural Integral, contenida en el Acuerdo, busca acabar con las causas del conflicto; sin embargo, su implementación solo es del 13,71 %. El nuevo Gobierno deberá presentar varios proyectos para mejorar el acceso a tierras.

Pese a que es histórico que el Eln esté en una mesa de diálogos con el Gobierno, los avances en la agenda de negociación no han sido significativos. Las condiciones impuestas por Duque se configuran en una piedra en el zapato.

Un poco más de 13.000 excombatientes han sido acreditados y reciben hoy los beneficios económicos, pero la reincorporación a largo plazo hay que seguirla construyendo. Solo han sido aprobados diez proyectos productivos.

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