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Justicia: el paso que busca el punto final


FOTO AFP

Un tribunal de paz, con presencia de magistrados nacionales e internacionales, sería el responsable de juzgar los delitos cometidos por las partes.

Contexto de la Noticia

Por Daniel Palacios Mejía

Uno de las anuncios hechos ayer por el Gobierno Nacional y las Farc fue la creación de Jurisdicción Especial para la Paz. En Derecho, el término jurisdicción es definido como una función pública, realizada por órganos competentes del Estado, para que de acuerdo a la ley se diriman conflictos y controversias de relevancia jurídica. En la actualidad en el Estado colombiano hay cuatro tipos de jurisdicciones, a saber, la Ordinaria (civil, penal laboral, familiar y comercial) , la Constitucional (conformada por la Corte Constitucional), la Contencioso-administrativa (integrada por el Consejo de Estado, los Tribunales Administrativos y los Juzgados administrativos) y las especiales, dentro de las cuales se enmarcará la nueva jurisdicción acordada por el Gobierno y la guerrilla. Esta jurisdicción contempla dos tipos de procedimientos: uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente. Y para acceder al juzgamiento y beneficios en esta jurisdicción se deberá aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. Para el constitucionalista Juan Manuel Charry la creación de esta jurisdicción es razonable, no es descabellada tratándose de temas excepcionales como este y además es consecuente con los antecedentes que hemos tenido en Colombia con distintos grupos al margen de la ley, o el caso de los jueces de orden público en la época del narcotráfico. Sin embargo, Charry reconoció que este proceso puede resultar bastante dispendioso, toda vez que la jurisdicción debe ser creada por ley, requerirá de recursos y de nuevos jueces. Charry explicó que la creación de una nueva jurisdicción no es otra cosa distinta a tener un juez especializado en determinado tema en lugar de un juez ordinario.

Por Daniel Palacios Mejía

Según lo dieron a entender el Gobierno y las Farc en el comunicado conjunto sobre el acuerdo en justicia transicional, la naciente Jurisdicción Especial para la Paz estaría conformada por Salas de Justicia y un Tribunal para la Paz. “Las Salas y el Tribunal de Paz estarán integrados principalmente por magistrados colombianos, y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos. La función esencial de las salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos”, afirmó el Gobierno. Para Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, aunque aún está por verse cuáles serán los detalles de este acuerdo, al parecer tanto el Gobierno como las Farc hicieron un muy buen trabajo y tuvieron en cuenta los desarrollos internacionales sobre derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario y se esmeraron en garantizar justicia y al mismo tiempo en crear condiciones para alcanzar la paz. Para Gallón fue muy acertado que se pensara en un componente internacional minoritario que le dé una especie de supervisión internacional a lo que se haga en términos de justicia en Colombia y que de alguna manera garantice que lo que se haga, esté de conformidad con las normas internacionales. El jurista resaltó que el acuerdo debe ser combinado con la sentencia de la C. Constitucional sobre el Marco Jurídico para la Paz, pues a pesar de que en el comunicado no se hizo alusión a este, sí se tuvieron en cuenta las limitantes establecidas en el fallo en el sentido de que el Estado no podía renunciar a la persecución penal de aquellos delitos que violaran gravemente los DH y el DIH.

Por María Victoria Correa

Se prevé -según el comunicado- que a la terminación de las hostilidades el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Y se tramitará una ley de amnistía la cual precisará el alcance de la conexidad. “En todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual”.

Según Liliana Duica, consultora en temas de posconflicto, aunque el anuncio es importante es clave ver los detalles de lo que se acordó. “Si hay un acuerdo sobre justicia, tiene que ver un poco con la conexidad entre el delito político y el narcotráfico. Insisto, hay que ver más los detalles, pero no hay que desconocer que el país tiene una serie de convenios internacionales que no le permiten negociar delitos de lesa humanidad”. Según la consultora, hay que ver los términos de lo que se pactó, porque si bien es un acuerdo de voluntades políticas de un Estado soberano, ese Estado soberano también ha firmado unos acuerdos que no le permiten ir más allá, debido a que con esos dineros han comprado armas para hacer sus acciones terroristas. “Hasta ahora los acuerdos son supremamente vagos para que se pueda saber si se ajusta a la normatividad internacional porque la nacional sí se podría ajustar. Todo lo que han hecho las Farc en sus acciones terroristas como el atentado contra el ministro Londoño y el ataque al Nogal, eso no se puede endosar como un delito conexo”, explicó.

Por María victoria correa

De acuerdo con el comunicado conjunto, se tienen previstas tres tipos de sanciones: 1. Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales. 2. Las personas que hagan dicho reconocimiento de manera tardía ante el Tribunal serán sancionadas con pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias. Para tener derecho a la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad.

3. Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias. Frente a este anuncio, los académicos advirtieron que este tipo de penas son muy similares a las de Justicia y Paz. “Aunque se conocieron las penas, hacen falta detalles. Veo que se movieron en los umbrales de la justicia generosa que tuvo el expresidente Álvaro Uribe para con los paramilitares y nadie ha cuestionado esos umbrales. No se puede olvidar, que las Farc no han sido derrotadas en 60 años y por eso el acuerdo es un paso doloroso y es un alto precio que hay que pagar para desactivar una máquina de guerra. El país debe renunciar a mucho de la justicia por mucho de la paz y no se puede perder de vista que no están negociando con una guerrilla derrotada”, explicó un experto jurista.

Entretanto, el profesor de Derecho Penal de la Universidad Sergio Arboleda, Fernando Velásquez V., destacó que las sanciones impuestas quedan un poco en el aire. “De acuerdo con el comunicado, se advierte que las sanciones son de tres tipos: Uno, es para quienes reconozcan delitos graves en cuyo caso tendrán una pena entre cinco y ocho años de prisión, en condiciones especiales, pero no nos explicaron cuáles son esas condiciones especiales (¿será para dar un trato privilegiado a los jefes?). El otro tipo de sanción, con los mismos montos, es para quienes de forma tardía reconozcan sus delitos graves, y se dice que ello se llevará a cabo en condiciones ordinarias pero tampoco se explica qué se entiende por tal. ¿Será una cárcel o un lugar de confinamiento que coincida con los lugares donde esos agentes hacen presencia? Insisto, las sanciones quedan en el aire. El tercer tipo de sanciones, hasta de 20 años de prisión, se impone a quienes no reconozcan responsabilidad por sus delitos graves y resulten declarados culpables. Por supuesto, a quienes cometan delitos políticos o conexos se les amnistía y no se les somete a sanción alguna. Considero que estas penas son bastantes parecidas a las imponibles a los paramilitares con dos diferencias: una, es la de las amnistías para los delitos políticos y conexos (aquí quedarán cobijados miles de integrantes de ese grupo) y, la otra, es lo de las penas de hasta 20 años de prisión”. Por último, el académico se hizo varias preguntas: “¿Qué ha pasado con la ley de justicia y paz? ¿Cuántas condenas efectivas hay de justicia y paz? Aquí estamos hablando de hechos tan graves como los otros, de crímenes. En ese momento el Estado hizo una enorme inversión en recursos y aun así, en 80 años, los crímenes de los paramilitares no serán esclarecidos y, entonces, me pregunto: ¿cuántos años vamos a necesitar para esclarecer todos estos crímenes y endilgar responsabilidades? ¿Será que no vamos a terminar en el mismo camino?”

Entre tanto, Rodolfo Arango, doctor en Derecho Constitucional, exmagistrado de la Corte Constitucional y profesor de la Universidad de los Andes, destacó que con este anuncio “hemos pasado la parte más difícil y es que las Farc acepten su responsabilidad y acepten que sean juzgados y sentenciados. En ese sentido, es muy positivo. Con esto definitivamente estamos muy cerca de la paz. Sí, es cierto, faltan cosas complejas y es que en Colombia llegamos a acuerdos, pero lo difícil es cumplirlos, ejecutarlos. Esa parte será difícil. Se abre un periodo exigente, pero lleno de esperanzas”. Puntualmente frente a las penas, el académico expresó que es claro que la idea de una negociación entre dos grupos que no se vencieron militarmente “es que la reparación sea efectiva y se utilicen ciertas zonas para su reclusión y eso puede estar atado a la desmovilización de la tropa; un asunto complejo que tomará su tiempo. La pregunta que yo tengo es cómo se va a vigilar el cumplimiento de estas condiciones para cumplir las penas alternativas”.

Por último destacó que la cárcel en este caso es un factor importante porque el país es muy emocional y “las emociones de la indignación, del resentimiento, del odio, son muy extendidas. Si los ciudadanos entraran un poco en razón y escucharan y ponderaran lo mucho que nos vamos a ahorrar en el dolo futuro en víctimas, en violencia, aprendiendo a vivir bajo el Estado de derecho... daríamos un salto muy importante en nuestra autocompresión. Pero me temo porque somos una cultura emocional y llegar a ese grado de conciencia es difícil”. Indicó que en algunos años cuando veamos los beneficios de la paz, “de cómo ha florecido la justicia y se ha mejorado la situación de todos, vamos a entender que las penas que hoy nos anunciaron valen la pena y que la paz vale la pena”.

Por María victoria correa

Durante su alocución, el máximo cabecilla de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”, se mostró satisfecho por el acuerdo que permitió crear una jurisdicción especial para la paz. Frente a lo acordado dijo que “se constituye en un avance que generará un ambiente propicio para avanzar en otros puntos de la agenda. Nos complace anunciar que esta jurisdicción especial para la paz ha sido diseñada para todos los actores del conflicto: combatientes y no combatientes, desde una perspectiva netamente restaurativa que satisfaga los derechos de las víctimas”. Y aseguró que este modelo de Justicia Transicional “debe ser tenido en cuenta en otros procesos de paz”.

Por último, el máximo cabecilla de las Farc insistió en que ahora corresponde a las partes “construir consensos que nos acerquen al cese el fuego bilateral, a definiciones sobre dejación de las armas y a la transformación de las Farc en un movimiento político legal”. Frente a esta posición, el capitán (r) Juan Alfonso Fierro, presidente de la Asociación Nacional de Veteranos de las Fuerzas Militares, sostuvo que con este anuncio la tropa está totalmente desmoralizada. “Aquí todas las garantías se las están dando a los bandidos, a las Fuerzas Militares ni siquiera les han querido cumplir unos beneficios desde hace 20 años. Ahora están muy contentos, pero mas tarde se darán cuenta del error que han cometido porque esto va a generar mucha violencia. Estoy seguro que esos tribunales que juzgarán por igual a los guerrilleros y a los miembros de las Fuerzas Militares, con seguridad a lo militares sí los harán cumplir las penas porque siempre nos tratan de esa forma”.

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