colombia | Publicado el 18 de agosto de 2018

JEP ya tiene herramientas, pero algunas dejan dudas

ilustración Esteban parís

Ricardo Monsalve Gaviria

Con precisiones en varios temas que el Congreso de la República quiso cambiar, como los relacionados con la violencia sexual contra menores de edad durante el conflicto, la extradición, participación política e inhabilidad de magistrados, entre otros, la Corte Constitucional declaró exequible la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Una de las decisiones del alto tribunal que más ha generado polémica tiene que ver con que los delitos sexuales cometidos contra los menores de edad pueden ser procesados bajo los parámetros de la justicia transicional y no solo de la justicia ordinaria, como lo planteó el Congreso de la República.

Para el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, “no se entiende la razón para que, a la luz del Acuerdo de Paz y de las normas constitucionales, la justicia para delitos comunes tan graves como esos –ajenos por completo al conflicto, a la lucha revolucionaria y al delito político– deba ser impartida por la JEP y no por la jurisdicción ordinaria. Si eso es lo que falló la Corte Constitucional –habrá que estudiar el texto-, lo respetamos pero no lo compartimos, porque corresponde a una inconcebible impunidad para hechos del todo abominables”.

Ante esto, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, aparte de estar satisfecha con lo que declaró la Corte, dijo que “ninguna conducta al interior de la Jurisdicción va a quedar impune. La Corte en su análisis encontró que el Congreso no tenía competencia para indicar las penas en el acto administrativo”.

La pregunta que surge luego de lo anunciado por la Corte Constitucional tiene que ver directamente con la autoridad que tiene el Congreso de la República para hacerle cambios al Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc.

Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista de la Universidad del Rosario, cree que la decisión de la Corte es razonable porque va de acuerdo con el Acto Legislativo y el deber de la Corte es garantizar el cumplimento de dichas normas.

“Yo diría que el Congreso mantiene su autonomía e independencia, pero sometido a las normas constitucionales y lo que dice Acto Legislativo”, explica el analista.

¿Y las circunscripciones?

En una lectura entre líneas de la decisión del alto tribunal también se abrió una compuerta que podría revivir las circunscripciones de paz, las cuales fueron hundidas por el Legislativo en febrero pasado.

“Se estableció que para el cálculo de las mayorías en el Congreso de la República se deberá descontar el número de integrantes de las sillas vacías y los impedimentos aceptados”, dice uno de los apartes de lo anunciado por la Corte.

Para el abogado Charry, aunque se desconoce el texto con el fallo sobre la JEP, la decisión no significa que las circunscripciones especiales de paz puedan ver la luz, porque “no se pueden crear esas curules que no creó el constituyente (Congreso) y por una decisión judicial no se podría dar”.

Sin embargo, los exministros del Interior Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera coinciden en que lo establecido por la Corte revive esas circunscripciones especiales que fueron archivadas.

“Reviven las circunscripciones especiales para víctimas con el fallo de la Corte sobre la JEP que define mayorías. Congreso debe promulgar acto legislativo”, dijo Cristo en su cuenta de Twitter.

Mientras que Rivera expresó por ese mismo medio que “el fallo nos da la razón cuando sostuvimos que el acto legislativo que creaba las circunscripciones de paz había sido aprobado”.

La Corte Constitucional declaró exequible la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), sin embargo hizo varios reparos en puntos que el Congreso había cambiado.

Contexto de la Noticia

La Justicia Especial de Paz, JEP, tiene cuatro tipo de sanciones para quienes se sometan a esta justicia transicional. La primera de ellas es la propia, que es cuando hay verdad, justicia, reparación y no repetición. Estas tienen carácter retributivo y no necesariamente hay restricción de la libertad para el sometido. La segunda es la alternativa, que se aplica a quienes no aceptan responsabilidad y son vencidos en juicio (hallados culpables) que se desarrolla en los tribunales, las penas son de 5 a 8 años de cárcel. La tercera es la ordinaria, que es cuando hay incumplimientos y contemplan penas de cárcel de 15 a 20 años. Y la cuarta está la exclusión, que se puede dar contra quienes incumplan de manera grave con el sistema y violen el régimen de condiciones. Casos como los desertores pasarían a manos de la justicia ordinaria.

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