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Diez años perdidos en la política de drogas
En marzo de 2019, la Comisión de Estupefacientes de la ONU revisará el avance de las metas propuestas.
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Colombia aún tiene un reto en la cantidad de cultivos ilícitos. FOTO COLPRENSA
23 de octubre de 2018
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Ninguno de los cinco objetivos que trazó la Asamblea General de la ONU en 2009 (concebidos desde 1999) de eliminar o reducir significativamente el cultivo, la fabricación, el tráfico, el consumo de drogas y el lavado de dinero producto del narcotráfico, se han cumplido; por el contrario, todas las problemáticas se han incrementado (ver gráfico).
Por eso, la red del Consorcio Internacional sobre Política de Drogas, conformada por 174 organizaciones civiles, entregó un informe en el que desglosó los problemas que no permiten cumplir las metas que deberían estar resueltas el año entrante, y propuso unas soluciones a tener en cuenta para la próxima década (ver análisis).
El problema: la represión
Estados Unidos fue el país que inició la lucha contra las drogas, cuando en 1973 el presidente Richard Nixon creó la DEA, para reprimir el narcotráfico mediante la aplicación de estrictas leyes. Varias de esas medidas fueron acogidas por los estados miembros de Naciones Unidas, ONU.
“Lo que creemos que falla es que en la estrategia de 2009 se prometió eliminar los mercados en vez de incentivar la promoción de la salud, de los derechos humanos, del desarrollo y de la reducción del daño. Lo que sucede es que los objetivos de reducir la escala del mercado conllevan respuestas represivas, y eso lo que ha hecho es articular una serie de políticas públicas basadas en la represión que no funcionan”, explicó desde Londres, Juan Fernández, portavoz del Consorcio.
Un ejemplo de lo que se ha logrado con la represión, continuó Fernández, es que 3.940 personas hayan sido ejecutadas en el mundo por delitos de drogas durante la última década, y otro, que aproximadamente 27.000 personas hayan sido ejecutadas extrajudicialmente en Filipinas desde que llegó al poder Rodrigo Duterte, en 2016.
“Lo que se propone no es que se ignoren los retos asociados a las drogas, sino que se elimine la represión”, señaló el portavoz del Consorcio.
Los ejemplos exitosos
Pese a los malos resultados del promedio mundial, algunos países lograron convertirse en historias que cumplieron metas: Bolivia, Tailandia y Portugal disminuyeron los indicadores y mejoraron el estado de bienestar de su población.
“En Bolivia, la idea de introducir el control social y que los propios productores sean los responsables de limitar los cultivos, ha tenido un éxito bastante significativo”, aclaró Javier Gonzales, director de Observatorio de Cultivos Declarados Ilícitos, que es la voz de productores en Colombia, Perú, Bolivia, Marruecos, Myanmar y Afganistán.
Por su parte, en Tailandia hasta muy entrado el siglo XXI, la guerra contra los productores de plantas ilícitas fue cruel, se bombardeaban aldeas y poblaciones. A lo que se llegó es a la sumisión de las comunidades campesinas que aceptaron el rol del Estado a través del poder del rey. “Ya no hay cultivos de amapola y hay un desarrollo alternativo dirigido por una de las princesas”, agregó Gonzales.
Estos dos ejemplos son difíciles de implementar en otros contextos, asegura Gonzales, porque dependen de la historia de las comunidades.
El que sí es más replicable es el de Portugal, que, de acuerdo con Fernández, se adapta más a la propuesta del Consorcio.
En ese país europeo nadie es perseguido por usar drogas desde el 2001, y eso permitió que el Gobierno, al mismo tiempo que reducía la carga en la judicialización, invirtiera en programas de acompañamiento y de control del daño.
“Lo sorprendente es que Portugal tiene niveles inferiores a la media europea de consumo de drogas y los daños que tenían en el 2001 se han reducido drásticamente, eran 907 nuevas infecciones de VIH entre usuarios de drogas inyectables en 2001, lo que pasó a solo 30 en 2011. Y mientras al comienzo de la política se presentaban 80 muertes por sobredosis, una década después eran 10”.
El caso colombiano
En Colombia la lucha contra las drogas también falló. Así lo evidenció el Gobierno Nacional cuando recibió el último informe de la ONU contra la Droga y el Delito en el que las hectáreas cultivadas con coca llegaron a las 171.000. El presidente Iván Duque prometió hacer todos los esfuerzos posibles por atacar el flagelo del narcotráfico, inclusive volviendo a la aspersión aérea con glifosato.
Sin embargo, según Isabel Pereira, coordinadora de la línea de Drogas de Dejusticia, quien participó en el informe por Colombia, “ningún gobierno se ha ocupado de entender las razones que causan cualquier conducta asociada a las drogas, ¿por qué las personas tienen un consumo problemático?, ¿quiénes son las personas que transportan drogas?, ¿quiénes son los campesinos que cultivan coca? y, ¿cuáles son las razones que los obligan? En el contexto colombiano casi siempre son personas que viven en pobreza, que no tienen títulos de sus tierras, con falta de mercados y vías, sin servicios básicos, incluso, en muchos de esos lugares no hay una sola universidad pública, pero el Gobierno los enfrenta de una manera represiva y violenta”.
Actualmente, el panorama es incierto. De acuerdo con Pereira, Colombia lideró por los últimos 8 años la revisión a la política antidrogas global, y ahora, por lo que se ve del gobierno de Duque, con aquello de incautar la droga en las calles, es regresivo. “¿Cuál va a ser el papel de Colombia en ese escenario multilateral que en 2019 decidirá la ruta de los próximos 10 años?”, está por verse y será decisivo para Colombia y el mundo
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