El desarme de Eta no deja mayor efecto en España

El grupo vasco anunció ayer a instituciones del Estado y partidos políticos su disolución, pero quedan graves deudas.

Desde 1996, con el secuestro de José Ortega Lara y el asesinato de Miguel Ángel Blanco, Eta perdió sus últimos apoyos. FOTO afp

Como ya abordó EL COLOMBIANO en un artículo en profundidad realizado el domingo 8 de abril, titulado “Eta: fin a un terror que debió morir en 1982”, el grupo terrorista Euskadi Ta Askatasuna, que llevaba décadas atacando a la sociedad vasca y española, anunció su disolución, acorralada por la efectiva actuación policial y la nula legitimidad ciudadana.

Aunque no se trató de una intervención pública, solemne y dirigida a toda la ciudadanía –eso lo hará en un acto el 5 de mayo–, la estructura confirmó lo que era un secreto a voces en una carta dirigida a sectores políticos como los sindicalistas y la izquierda abertzale (nacionalista vasca).

“Eta ha decidido dar por terminados su ciclo histórico y su función. Por tanto, ha disuelto completamente todas sus estructuras y ha dado por terminada su iniciativa”, indica la organización en la carta, fechada el 16 de abril, pero apenas recibida ayer por dichos sectores.

De parte del gobierno de Mariano Rajoy, la consigna es que a pesar de que el grupo se disuelve, las instituciones del Estado y la justicia española seguirán en busca de los requeridos por sus crímenes.

“No cabe contraprestación alguna porque nada le debemos a Eta”, afirmó el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, este martes al diario El Mundo. “No habrá impunidad y las fuerzas policiales seguirán persiguiendo a los terroristas y trabajando para esclarecer los asesinatos que quedan por resolver”, agregó.

¿Pero qué efectos tendría el anuncio y qué opinan las víctimas? Para Florencio Domínguez, periodista, autor de libros sobre Eta y director del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, “queda poco por decir. Era apenas lo que se esperaba de un grupo que fue derrotado y que está sufriendo una disolución forzada por la actuación de las autoridades”.

No obstante, Domínguez recalca que la disolución de esta estructura, aunque sin pena ni gloria, acorralada por el Estado y completamente derrotada, implica deudas en planos como la verdad y la reparación a las víctimas.

“Queda pendiente el tema de 380 asesinatos que cometió la organización, pero que no han sido esclarecidos. Los familiares buscan la verdad, pero una norma que siguen los miembros de este grupo terrorista es no dar información sobre estos hechos. En este sentido, lo previsible es que se disuelve sin que estas cuestiones se resuelvan, por lo que queda un gran vacío de verdad e impunidad”.

867

españoles fueron asesinados por Eta, según el Defensor del Pueblo vasco (Ararteko).

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