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EE. UU. desconoce paradero de 1.475 niños separados de padres migrantes


Agentes fronterizos detuvieron 12 inmigrantes el pasado 27 de marzo cerca a McAllen, Texas (foto). Entre el 3 y el 19 de mayo, el gobierno de EE. UU. separó a 700 niños de sus familias. FOTO afp

Antonieta* es una salvadoreña que retornó a la colonia Mexicanos, en El Salvador, como se fue: con un saco azul y una falda de flores blancas. En su regreso, deportada de EE. UU., llegó sin dos pertenencias con las que salió a buscar un futuro mejor: los zapatos rojos y su hijo, un niño de 13 años que, al llegar a la frontera, fue arrebatado por autoridades norteamericanas.

Ocurrió hace dos meses. Al tratar de entrar a ese país sin un documento que los acreditara como ciudadanos, fueron detenidos. Ella fue enviada a prisión mientras definían su deportación, y él, su pequeño Jaime –como lo llama–, enviado a un hogar de paso que ahora no saben dónde está.

“Ellos no me dicen que pasó con mi hijo. No se dónde buscarlo ni qué hacer. Allá no puedo volver. Él tenía que ir a una audiencia y no se presentó, además no se sabe dónde está porque ni siquiera acá ha llegado”, dijo Antonieta.

El “pequeño Jaime” se le perdió al país estadounidense, como se le han perdido 1.475 niños que fueron separados de sus progenitores al momento de intentar ingresar a esa nación de manera ilegal.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. lo reconoció hace un mes, y la medida hace parte del paquete de normas que el Gobierno de Donald Trump ha establecido para evitar una oleada de migrantes ilegales.

“Si no quiere ser separado de su hijo, entonces no los traiga ilegalmente a la frontera. No es nuestra culpa que alguien haga eso”, expresó el pasado 7 de mayo el fiscal general de EE. UU., Jeff Sessions.

En esa ocasión el funcionario indicó que no se tolerarán inmigrantes y que a su vez, todos aquellos que sean aprehendidos intentado cruzar, se les imputarán cargos delictivos.

¿Qué sucede con los niños?

El experto mexicano Fernando Neira, integrante del CIAC (Centro de Investigaciones sobre América Latina y del Caribe), le explicó a EL COLOMBIANO que la medida de separar a las familias es una directriz en el marco de la política “cero tolerancia” y ha incrementado el proceso de criminalización de los migrantes.

Para Neira, el elemento más preocupante es que además de la separación y la penalización, “los niños son llevados a refugios, algunos de Ong financiadas por el gobierno americano, y empieza el problema porque van a lugares sin control de saber realmente dónde están, cuántos son y de ahí a dónde pasan”.

En palabras del investigador, los argumentos de EE. UU. para separar a los menores de edad de sus padres, es que estos son usados por sus progenitores para consolidar una documentación, o en otros casos, los jóvenes son reclutados por las pandillas Mara Salvatrucha. La percepción de Neira es que no hay nada más alejado de la realidad, porque muchas de estas familias huyen de la violencia de sus países.

“Hay un tema delicado que tiene que ver con el bienestar de estos niños que son separados de sus familias y llevados incluso a estados alejados. Esto afecta su bienestar y genera unos traumas, a veces, de carácter irreversible”, dice.

Vulneran sus derechos

Entre sollozos, Antonieta clama que su “pequeño Jaime” sea enviado a su natal Salvador. No pide más, aunque el regreso implique seguir vendiendo pupusas (tortillas de maíz) en los semáforos.

Esta separación es para María Teresa Palacios Sanabria, directora de grupo de investigación en Derechos Humanos de la facultad de jurisprudencia de la Universidad del Rosario, el principio de un cúmulo de violaciones a los derechos de los niños.

“El más evidente es el derecho a la unidad familiar, reconocido en tratados internacionales como la Convención Americana, el pacto de Derechos Civiles y Políticos, en la convención de los Derechos del Niño, y son varios los tratados internacionales que reconocen el derecho a la vida privada y dentro de este está la unidad familiar”, explica.

Para Palacios, los riesgos a los que estos niños son expuestos por esta medida son convertirse en objetivo de trata de personas, de abuso y explotación sexual o laboral.

“La responsabilidad de EE. UU. es muy alta, aunque internacionalmente no se les pueda hacer mayor actuación desde el esquema de protección internacional porque no hacen parte de los tratados. Aún así, están desconociendo pronunciamientos desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha puesto un especial acento en la protección de menores no acompañados y separados de sus familias”, precisó Palacios.

Dijo Fernando Neira que esta medida no va a terminar con los procesos migratorios y, por el contrario, defensores de derechos humanos han comenzado una campaña para evitar que se sigan separando las familias. A la petición se unió el congresista demócrata Joaquín Castro quien ha pedido “acabar con la deshumanidad” de separar familias.

*Nombre cambiado a petición de la fuente.

Contexto de la Noticia

Las vías consulares y diplomáticas pueden ser a las que las familias acudan, e independientemente de la nacionalidad, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que inste al Estado a lograr la identificación y recuperar sus hijos. Y como EE. UU. es parte de la declaración Derechos Humanos por ser parte de la OEA, tendría responsabilidad. En efectos jurídicos puede llevar a que la CIDH le envíe algún informe sugiriéndole revisar esas medidas”, aclaró María Teresa Palacios.


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