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Como en 1980 cuando se lanzó para representar a la clase obrera brasileña, el expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva se entregó a su manera a la justicia: en brazos de sus seguidores.
Lo llevaron en hombros hasta el helicóptero en el que se trasladó a la sede de la Policía Federal de Curitiba. En la cárcel, Lula deberá pagar 12 años de cárcel, por haber recibido ocho millones de dólares en el caso conocido como Lava Jato, escándalo de corrupción que azota a Brasil y que hasta el momento deja a seis líderes políticos tras las rejas o vinculados.
El exmandatario llegó en helicóptero, y permanecerá en una celda de 15 metros cuadrados, con baño privado, lugar que fue especialmente acondicionado para alojarlo.
A través de su cuenta de Twitter, el sábado antes de presentarse, Lula publicó ideas en las que dejaba claras las razones para entregarse, aunque insistía en que sus pensamientos no podían ser arrestados. “Quiero hacer una transferencia de responsabilidad: ellos piensan que su problema es solo Lula. Van a descubrir que son todos ustedes. Mis ideas ya están flotando en el aire y no tienen manera de arrestarlas”, dijo.
Hoy su defensa, a través del recurso conocido como “el embargo de los embargos”, buscará evitar que pase 12 años tras las rejas. No obstante, analistas creen que será en vano y el tiempo de la condena se mantendrá en firme.
El internacionalista de la Universidad del Rosario Mauricio Jaramillo sostiene que lo primero que se debería resolver en Brasil es la crisis política, teniendo en cuenta las elecciones presidenciales de octubre, que son las que tienen a Brasil convulsionado.
“Lo que debería suceder es que se reinicie el ambiente y el sistema político, y deberían aprovechar la oportunidad que tienen en octubre”. El experto reconoce que hay tanta violencia verbal, divisiones y encontrones entre los partidos que “no estoy seguro que esa elección sirva para canalizar estos choques” ante una clara polarización.
Lo único cierto es que Lula está en la cárcel y seguirá siendo el candidato del Partido de los Trabajadores (PT), pues no hay otra figura que represente su impacto social.
“Convirtió su prisión en un acto político, pero en realidad nunca pretendió llevar su resistencia hasta las últimas consecuencias, no quería dar la impresión de no respetar a la justicia”, comenta Iván Godoy, periodista de Radio Senado de Brasilia, al destacar que su objetivo era movilizar a los militantes del PT y reunificar a la izquierda en su defensa.
Aunque el PT se mantendrá con Lula, quien tiene entre 30 % y 35 % de favorabilidad en los sondeos, por los lados de la extrema derecha el candidato más fuerte es el capitán retirado del Ejército, Jair Bolsonaro. Para Godoy, “el panorama no está claro y es algo que ya preocupa a empresarios”.
Los analistas descartan la posibilidad de una guerra civil, pese a que reconocen que sí se recrudecerá la violencia. El analista Jaramillo asegura que “para que hubiese una guerra civil debería existir una población armada y eso no sucede”.
La misma percepción tiene Godoy, al sostener que sí serán manifestaciones más álgidas y fuertes, que, hasta el momento, ya dejan al menos nueve personas heridas. Incluso el comandante en jefe del Ejército, Eduardo Villas-Boas, ya anunció desde su cuenta de Twitter que “el Ejército brasileño se mantiene atento a sus misiones institucionales”.
Rodrigo Pedroso, docente de política internacional de Eafit, sostiene que mientras los seguidores de Lula se radicalicen le darán todas las herramientas políticas a un posible “gobierno más autoritarista de derecha para que llegue al poder”.
El gobierno federal enfrenta la tarea de mantener la seguridad en el país, mientras que la centro derecha podrá reforzar su aspiración, pues el máximo líder de izquierda permanece en la cárcel y, a juicio de Pedroso, el PT no tiene un plan B para las próximas elecciones de este año”.
Lula moriría políticamente. Sin embargo junto al PT, se mantendrían luchando hasta el final sin buscar otra salida en época electoral.