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Las acusaciones de la oposición venezolana sobre irregularidades en las elecciones regionales del pasado domingo, en las que el oficialismo obtuvo la mayoría, generaron reacciones entre líderes, que invalidaron los comicios.
La oposición, que se quedó con seis de 23 gobernaciones, optó ayer por no asistir a un juramento ante la Asamblea Nacional Constituyente, aunque el presidente Nicolás Maduro lo exigiera, sin ningún sustento jurídico, para validar la elección de los líderes.
Las reacciones también se escucharon en el exterior. El Gobierno de Estados Unidos optó por no reconocer los comicios del domingo y llamarlos como “no libres” ni “justos”, mientras la Unión Europea instó el martes al poder electoral de Venezuela a demostrar la “transparencia” de los resultados, advirtiendo que una serie de sanciones desde ese bloque podrían avecinarse.
Entretanto, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se pronunció en la red social Twitter, diciendo que ante el “desconocimiento” de la jornada del domingo, se debe convocar a unas elecciones generales y tener nuevas autoridades electorales, incluidos veedores extranjeros y un Consejo Nacional Electoral “independiente”.
Su crítica no es muy distinta a lo que Colombia y otros gobiernos regionales expresaron desde julio pasado sobre la Asamblea Nacional Constituyente, convocada de forma inconsulta por parte de Maduro y deslegitimada por una mayoría en la comunidad internacional.
Para Sebastián Bitar, internacionalista y director del pregrado en Gobierno de la Universidad de Los Andes, la declaración de Santos es un claro desconocimiento de las elecciones venezolanas y un pedido de un cambio de gobierno.
“En este momento, con el poco apoyo del chavismo, unas elecciones generales para presidente llevarían inevitablemente a un cambio de gobierno, y un CNE independiente implicaría un cambio de régimen”, sostiene el experto, para quien además la posición firme del presidente tiene tres explicaciones:
Una, que el gobierno venezolano se ha tornado cada vez más totalitario; otra, que las elecciones del domingo son muy cuestionables, en la medida en que resulta difícil de creer que el chavismo haya expandido su poder en el peor momento de escasez y de falta de capacidad del Estado, y la última, que este es un momento político favorable para los que están en contra de Maduro, aunque eso no implique una facilidad de aliarse con la oposición venezolana, cada vez más fracturada.
Las autoridades bolivarianas sacaron a la fuerza de su casa a Juan Pedro Lares, de 24 años. Para su padre, el único pecado del joven fue ser hijo suyo, porque días antes de aquel 30 de julio, él mismo había denunciado el asesinato en manos de la Guardia Nacional de un joven durante un manifestación y estaban apoyando las protestas en contra de la Constituyente .
“Eso desató una cacería en contra mía. Empezaron a decir que nosotros financiábamos las protestas y que nos iban a poner tras las rejas”, cuenta el político, que justo ayer que se encontraba en la Organización de Estados Americanos (OEA) denunciando el caso de su hijo.
Y es que el domingo 30 de julio, cuando Omar llegó a su casa para advertir a la familia que debían huir porque lo estaban buscando para llevárselo, un grupo comando, integrado por la Guardia, la Policía Nacional y del estado y miembros de grupos armados al margen de la ley, entraron a la vivienda encaramando techos y paredes. Ramona y él alcanzaron a escapar, pero Juan se quedó atrapado.
“Su único delito es llevar la sangre de un alcalde opositor. Se lo llevaron con la intención de que yo me entregara”, relata el alcalde, y agrega que por informaciones de vecinos y de compañeros opositores se enteraron de que el día en que atraparon a su hijo, a quien vieron desde un helicóptero oficial en el techo, le rociaron gasolina y le dijeron que lo iban a quemar si no contaba dónde estaba su padre.
“Le pusieron una pistola en la sien, lo golpearon, tomaron nuestro dinero y tarjetas como unos delincuentes, y lo llevaron a una prisión en Mérida. Le tomaron una foto con un mortero, un lanzamorteros y un escudo que no le pertenecían, solo para justificar su detención”.
Más tarde, Juan Pedro, como ocurre con la mayoría de opositores y sus familiares, fue trasladado al Helicoide, un edificio septuagenario en forma de pirámide que, en su momento, alabaron Pablo Neruda y Salvador Dalí por el valor arquitectónico, pero que el chavismo convirtió en prisión del Estado.
Aún allí, el joven tardó más de dos meses en aparecer en los registros de detenidos de la cárcel, por lo que su derecho legítimo a la defensa fue vetado por semanas, incluso pese a la mediación que la Cancillería de Colombia. Ahora, la organización Foro Penal, que ayuda a personas involucradas en detenciones arbitrarias, lleva el caso y espera que con la presión de Lares en Washington se materialice pronto la libertad.