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Un preso puntea en las encuestas de Brasil


Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil, usa una máscara de Lula da Silva en un evento político a favor suyo. FOTO AFP

Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde el 7 de abril, sigue liderando las intenciones de voto para las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, según la última encuesta Datafolha divulgada la madrugada del domingo.

El sondeo, realizado el 6 y 7 de junio, señala que 30 % del electorado votaría por el expresidente Lula (2003 y 2010), que cumple una condena de 12 años y un mes de cárcel en Curitiba, acusado de corrupción pasiva y lavado de dinero.

La última encuesta Datafolha, difundida en abril poco después del encarcelamiento del líder de izquierda de 72 años, le daba un 31 % de apoyo.

En este nuevo sondeo, el 21 % de los consultados declaró no tener aún un candidato.

Por su lado, el precandidato de ultraderecha, Jair Bolsonaro, computó 17 % de las intenciones, seguido por Marina Silva, la exministra del Ambiente de Lula, con 10 % del electorado.

Sin embargo, para Iván Godoy, periodista de Radio Senado de Brasilia, la presencia de Lula en la lista de presidenciables es una estrategia política.

“En realidad, Lula no podrá ser candidato, por haber sido condenado en segunda instancia. Aparentemente el Partido de los Trabajadores, PT, mantiene su candidatura para no dispersar a sus militantes”, explicó el comunicador.

Argumenta que como el expresidente sigue siendo popular, para su partido, mantener la candidatura le permitiría elegir diputados y senadores. “Mucha gente considera eso una estrategia riesgosa y cree que sería mejor respaldar ya a otro candidato o presentar un candidato presidencial del propio PT”, agregó.

También es riesgoso porque de no elegir un sucesor pronto para Lula, transferirle la popularidad del líder encarcelado sería más difícil. Prueba de ello es que en las últimas semanas se han conocido que algunos gobernadores de estado han preferido apoyar candidatos de otros partidos distintos al PT.

Godoy explicó que Tribunal Supremo Electoral no puede hacer nada frente a esta inscripción por lo menos hasta la mitad de agosto, cuando vence el plazo para todos los partidos que aspiren a la presidencia.

Sin embargo, “como la elección será el 3 de octubre, la decisión final sobre Lula, con los recursos que presente el PT, puede salir casi en septiembre. Faltando poco más de un mes para la elección”.

Además, según la ley brasileña, nada impide que el partido puede inscribir la candidatura de Lula hasta no surtir todas las apelaciones de su caso, dejando a la justicia electoral el análisis del caso.

Eso sí, no anticipa cómo podría el candidato ejercer su derecho a hacer campaña estado tras las rejas, así como tampoco admite la idea de un mandatario encarcelado, pues desde la facultad Dom Helder Câmara de Brasil, han dicho que los recursos sobre el estatus judicial de Lula deben estar resueltos todos antes de que se surta la elección.

Sin Lula

En los escenarios sin Lula, los nombres que la prensa especula para reemplazar al carismático fundador del Partido de los Trabajadores registran 1%, repartidos entre el exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, y el exgobernador de Bahia, Jaques Wagner.

Lo que si aumenta sin Lula es el porcentaje de brasileños que se declaran sin candidato (33 %). Sin el partido izquierdista en la contienda, estos indicadores suben a 34%.

Contexto de la Noticia

2014
En marzo, se destapa una gigantesca red de corrupción oculta en la petrolera estatal Petrobras llamada Java Lato, ocurrida entre los años 2004 y 2012, que incluye nombres de altos funcionarios del gobierno, así como ejecutivos de la empresa.

2015
En noviembre, las investigaciones vinculan al senador del PT Delcidio Amaral, detenido por obstruir la investigación sobre Java Lato. Encarcelado, decide confesar e implica en la trama a la entonces presidenta Dilma Rousseff y a Lula da Silva.

2016
En julio, el juez Sérgio Moro, responsable del Java Lato, en la primera instancia judicial, condena a Lula a nueve años de prisión al considerarlo culpable de haber aceptado y reformado una vivienda con dinero a cambio de contratos públicos.


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