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Nueve días de protestas y enfrentamientos están dejando huella en territorio nicaragüense. El régimen de Daniel Ortega, que se las ha arreglado para eliminar todo conato de malestar o disidencia mediante la fuerza o la persecución, parece incapaz de controlar las manifestaciones que se han extendido por todo el país.
Ayer, el balance que dejaban las tensiones en la nación centroamericana era ya de 34 muertos, 121 heridos (12 de gravedad) y decenas de detenidos. Aunque el pasado 22 de abril, el presidente Ortega revocó su proyecto para reformar las pensiones –la mecha que encendió las protestas–, y con esa medida mermó la movilización en las calles, aún hay numerosos focos de manifestaciones en distintas zonas. El principal de ellos, en la Universidad Politécnica de Nicaragua, donde cientos de manifestantes se encuentran atrincherados para impedir su desalojo.
Los motivos han ido evolucionando con los días: ahora el movimiento estudiantil reclama la destitución de todos los mandos policiales, teniendo en cuenta la alta cifra de jóvenes asesinados en esta última semana.
“Exigimos el cese de la persecución policial a dirigentes estudiantiles y ciudadanos en general y que la Policía retome sus funciones verdaderas, que son para servir al pueblo”, aseguró en un comunicado la organización 19 de abril.
Por parte del gobierno, la vicepresidenta Rosario Murillo, quien es la esposa de Daniel Ortega, intentó restarle importancia y momentum a las manifestaciones.
“La disposición de los trabajadores de acudir a sus centros de trabajo, la actividad económica en mercados y centros donde se produce y se comercia, todo esto es una señal de normalidad, de tranquilidad”, dijo a periodistas.
Entretanto, se multiplican los llamados para una salida negociada a las tensiones, en especial por parte de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), para que “prevalezca un clima sereno y de absoluto respeto a la vida humana de cada uno de los nicaragüenses y para que se acepte el rol de mediación de la Iglesia”.
Pero cabe preguntar si se trata, como intentó mostrar la esposa de Ortega, de una coyuntura bastante pasajera, o si en cambio, como están asegurando medios internacionales, se está evidenciando la creciente fractura del actual régimen.
En opinión de Mauricio Jaramillo Jassir, docente de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, “hasta ahora hay algo contradictorio, y es que un gobierno de izquierda, por lo menos en América Latina, no se dedica a tomar medidas de austeridad. Por eso hay que estudiar bien la reacción del sandinismo. Asimismo, cuando un régimen lleva tantos años en el poder (11), lo natural es que empiecen a surgir fracturas internas”.
Efectivamente, la reforma pensional que proponía Ortega buscaba aumentar el aporte de los trabajadores al sistema, a la vez que reducía la retribución del Estado a los jubilados. Era una propuesta evidentemente austera.
En paralelo, ya hay voces sandinistas de peso, como la de Jacinto Suárez, las que admiten públicamente que “nos toca hacer un balance crítico y hallar en qué hemos pecado”.
Aldo Olano, doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar y profesor de la Universidad Externado, indicó que sin duda el tema pensional forma apenas parte de un “malestar acumulado a lo largo de los años en la población. El sandinismo, que se originó como un movimiento democrático, antidictatorial, se incomoda al ver que Ortega ha tergiversado sus ideas originales, y ha llevado al país a este nepotismo y este régimen autoritario y dinástico”.
¿Pero implica esto que está en peligro, por primera vez en una década, la hegemonía de Ortega? Para ambos académicos, es muy temprano para afirmarlo. De momento, si los estudiantes y la sociedad civil no se organizan para concretar un movimiento renovador, todo se quedaría en la calle. Depende de los sectores inconformes buscar más capacidades que trasciendan la simple protesta social y constituyan una alternativa política.