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CorteIDH inicia audiencias para evaluar indulto de PPK a Fujimori

  • Familiares de los asesinados en las masacres de Barrios Altos y La Cantuta acudieron a la primera sesión de la CorteIDH en Costa Rica para pedir justicia. FOTO REUTERS
    Familiares de los asesinados en las masacres de Barrios Altos y La Cantuta acudieron a la primera sesión de la CorteIDH en Costa Rica para pedir justicia. FOTO REUTERS
02 de febrero de 2018
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) realizó este viernes una audiencia pública para evaluar el indulto humanitario otorgado por el Gobierno de Perú al expresidente Alberto Fujimori, el cual las víctimas de dos matanzas por las que fue condenado piden revocar por considerarlo ilegal.

La Corte escuchó a la representación del Estado de Perú, la cual defendió la constitucionalidad del indulto y negó que se tratara de una movida política, mientras que la defensa de las víctimas alega que es una medida “arbitraria, irregular e ilegal”.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instó al Estado peruano a frenar dicho indulto o en caso contrario a la CorteIDH para que interponga mecanismos para proteger el derecho de las víctimas a la justicia.

“Consideramos que el restablecimiento de los derechos de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta solo podrá lograrse con orden expresa de revocatoria del indulto”, expresó Paulo Abrao, representante de la CIDH.

Medida considerada politizada

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), otorgó el 24 de diciembre pasado un indulto, que justificó en razones humanitarias de salud, a Fujimori, de 79 años.

Kuczynski también le otorgó el derecho de gracia presidencial, por lo que el exgobernante no podrá ser procesado en un juicio abierto por el asesinato de 6 personas en el distrito de Pativilca (norte de la región Lima).

La representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó a los jueces que, ante la situación de salud del expresidente Fujimori, el Estado de Perú tenía que adoptar medidas para resguardar la salud sin que fuera necesario conceder el indulto y el derecho de gracia.

Según la defensa de las víctimas, el indulto se trata de un acuerdo político bajo un contexto en el cual la bancada de la fracción legislativa fujimorista ha arrinconado al gobierno porque cuenta con el control del Parlamento.

Controvertido estado de salud

Además, cuestionó la legitimidad y legalidad del certificado de salud, ya que a su juicio no cumple a completamente las normas de ética y tiene una serie de vicios.

“Hay hechos abiertamente irregulares e ilegales que no justifican un indulto de enfermedad grave ni que las condiciones carcelarias no fueran las adecuadas (...). Se trata de un procedimiento indebido irregular y abiertamente ilegal, un procedimiento oscuro y tras bambalinas”, dijo el abogado defensor Carlos Rivera.

El representante de las víctimas añadió en declaraciones a Efe que el indulto humanitario fue entregado en tiempo récord como si Fujimori fuera un enfermo terminal.

Una de las víctimas de la masacre de La Cantuta, Carmen Cóndor, hermana del estudiante asesinado Armando Amaro Cóndor, manifestó ante los jueces que el hecho de pedir la supervisión de sentencia no es un acto “odio o de venganza, sino de justicia”.

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