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Congreso peruano desafía a la CorteIDH y juzgará a magistrados


El Congreso peruano protagonizó hace pocos meses la frustrada destitución del presidente Kuczynski previo a su indulto al exdictador Alberto Fujimori. FOTO REUTERS

El Congreso de Perú no archivará la denuncia contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional como le ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), al considerar que el fallo es “inaplicable”, y pedirá una aclaración al tribunal.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la semana pasada una medida provisional en la que le ordena a Perú archivar una acusación contra cuatro magistrados, al establecer que esta puede obstruir un caso de ejecuciones extrajudiciales por el que el Estado fue condenado en el año 2000.

El presidente del parlamento, el fujimorista Luis Galarreta, aseguró el lunes en conferencia de prensa que el Congreso peruano no puede aplicar la orden de la CorteIDH porque, a juicio de los legisladores, va en contra de las normas constitucionales de Perú.

Galarreta nombró el artículo 93 de la Constitución peruana, que dice que “los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación” ni tampoco los hace responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones.

También mencionó el artículo 99, donde nombra la relación de altos funcionarios que la comisión permanente del Congreso puede acusar, entre los que están los miembros del Tribunal Constitucional.

Y el artículo 205, que marca que los ciudadanos que consideren que sus derechos han sido lesionados pueden acudir a instancias internacionales de las que Perú sea parte si han agotado la vía interna, condición que asegura no haberse dado con esta sentencia de la CorteIDH.

El fujimorista anticipó que, ante la posibilidad de sentar un precedente internacional, conversará con presidentes de otros parlamentos de países americanos “que también tienen la misma preocupación por tener claras las competencias y temas que revisa la CorteIDH”.

Sobre la aclaración que el Congreso peruano solicitará al mismo tribunal, Galarreta explicó que esta se tramitará mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña son investigados por supuestamente cambiar el voto de uno de sus excompañeros en una sentencia de 2013 sobre el caso “El Frontón”, donde se procesa a miembros de la Armada por presuntamente ejecutar extrajudicialmente a presos condenados por terrorismo que se habían rendido tras un motín en 1986.


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