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Alberto Fujimori enfrenta la justicia una vez más
La justicia peruana se impuso sobre la decisión presidencial de liberar al exmandatario por temas de salud, y por eso deberá asumir un nuevo juicio.
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El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, podría cobijarse en cualquiera de sus hijos para hacerle frente a un nuevo juicio, sobre el que aún no hay una fecha definida. FOTO REUTERS
Alberto Fujimori tiene 79 años y desde hace 24 horas sabe que tendrá que enfrentar un nuevo juicio que le implicaría morir en la cárcel. ¿Que hará?
El exmandatario, que sólo alcanzó a disfrutar por 57 días la especie de perdón que le regaló de Navidad el actual presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski ahora tiene tres caminos:
Buscar apoyo de cualquiera de sus dos hijos políticos, ya sea Keiko Fujimori o Kenji Fujimori, para obtener la mayor cantidad de respaldo político y robustecer su posición en el Congreso. O irse del país.
“Podría ir a la carcel pero esto no es inmediato. Aún hay un juicio lo que comprará tiempo para maquinar su mejor defensa política, no judicial”, le dijo a EL COLOMBIANO el profesor de ciencias políticas de la Universidad Católica de Perú, Arturo Maldonado.
El lunes un tribunal de la Sala Penal Nacional determinó que el político debe ser judiciamente procesado por el Caso Pativilca, en el que mas de seis personas, en 1992, fueron asesinadas a manos del Grupo Colina, un escuadrón paramilitar que combatió a la guerrilla, Sendero Luminoso, amparados por el régimen.
Para el Caso Pativilca no se aplicó un indulto, en donde se perdonan las penas, sino un derecho de gracia, lo que significa que el presidente le pone punto final al juicio.
Dentro de los argumentos por los que la Sala Penal pasó de largo este favor presidencial (contenido en la Resolución Suprema 281-2017-JUS), está, primero que todo, que los magistrados, Miluska Cano (ponente del caso), Otto Verapinto y Omar Pimentel dijeron que el beneficio otorgado por el presidente era “inaplicable”.
De hecho, señalaron que la acción presidencial vulneraba la Constitución, los estandares internacionales y la normatividad en materia de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad.
“El derecho de gracia dice que por razones humanitarias no se le podía seguir el juicio, pero como este es un caso de crímenes de lesa humanidad el derecho de gracia no aplica. Por eso en diciembre ya se había dicho que pasarían por alto el favor presidencial y continuarían con el caso, no con el juicio”, explicó Aldo Olano, docente de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales.
En una segunda medida el Tribunal en Perú sostuvo que, si bien esta figura es una facultad del ejecutivo, considerando que el país es una democracia, no deben existir zonas aisladas de poder que no puedan ser sujetas a control y motivación.
En una tercera medida, la justicia peruana ha señalado que el derecho de gracia se le puede dar a quien se encuentra sujeto a una prisión preventiva. Este caso no aplica al exmandatario, sobre quien su hija, Keiko Fujimori solicitó ayer que se le permitiera mantenerse por fuera de la cárcel.
“Confío en que mi padre será absuelto en un juicio sin presiones políticas. Este pronunciamiento judicial no debe ser una excusa para volver a encarcelar a un hombre de avanzada edad y delicado de salud. Alberto Fujimori merece afrontar este proceso en libertad”, dijo la hija del expresidente.
Un cuarto argumento alude a los tiempos del proceso. “El Caso Pativilca no estuvo contemplado en el proceso de extradición. A él lo extraditan por otros casos. Sólo hasta que fue extraditado a Perú, el gobierno peruano le solicitó a la justicia chilena que incorporara el caso pativilca y la Corte Suprema de Chile estableció que Fujimori podía ser juzgado por este caso”, añadió Olano.
Esta decisión judicial es un revés para Fujimori, quien tenía todas las intenciones de recuperar sus derechos civiles, y en algunos sectores de la sociedad incluso se estaba discutiendo si seria capaz de recuperar todos sus derechos políticos.
“El pensaba que después del indulto estaría libre de todos sus problemas judiciales. Inclusive había reversado una decisión que le impedía a la Universidad Agraria pasarle una pensión por haber trabajado allí”, dijo Maldonado.
12
años, de la primera condena, alcanzó a cumplir el exmandatario peruano,
Alberto Fujimori.
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