Colombia | Publicado el 16 de agosto de 2018

Inicia puja por sustitución de cultivos voluntaria vs. obligatoria

47.910 familias ya erradicaron sus cultivos de uso ilícito y empezaron a cultivar productos legales. Sin embargo, las cifras de hectáreas cultivadas con coca están al alza. FOTO Manuel Saldarriaga

Olga Patricia Rendón Marulanda

La política antidrogas cambia en el país con cada Gobierno que trata de frenar las cifras desesperanzadoras: Andrés Pastrana le apostó al Plan Colombia, Álvaro Uribe lo fortaleció a través de la Seguridad Democrática y Juan Manuel Santos inició la sustitución voluntaria de cultivos. Pese a esas medidas, la coca nunca se ha erradicado.

Según la Oficina de la Casa Blanca de la Política Nacional para el Control de Drogas, en Colombia durante 2017 hubo 209.000 hectáreas de coca sembradas. Y las cifras de la ONU contra la Droga y el Delito, que normalmente se conocen en julio, no fueron publicadas por el Gobierno de Santos, pero para el 2016 monitorearon 146.000 hectáreas.

Ahora, el presidente Iván Duque y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, propusieron en su visita a Catatumbo hace una semana acabar la sustitución voluntaria para volverla obligatoria.

“Es posible que la violencia aumente, y yo no quisiera, pero es absolutamente necesario tomar esas acciones. No puede uno decir que porque vaya a tener problemas no erradica los cultivos ilícitos. No podemos seguir navegando en un mar de coca”, señaló el ministro.

¿Cómo cambiarla?

Hasta el momento, un poco más de 600.000 campesinos colombianos se han comprometido a romper definitivamente el vínculo con el cultivo de coca, que durante años fue su sustento según el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

Estas son 77.659 familias que habitan 3.053 veredas, en 52 municipios de 14 departamentos, quienes firmaron voluntariamente el paso para cambiar los sembradíos por productos lícitos; 47.910 de ellas ya arrancaron sus matas.

Todo esto está amparado en el Decreto Ley 896 de 2017, que con base en las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso al expresidente Santos para implementar el Acuerdo.

Para lograr la obligatoriedad de la sustitución, el ejecutivo tendría que radicar un proyecto de ley, para lo que se requieren cuatro debates, o pedirle facultades especiales al Congreso para reformar el programa, explicó el constitucionalista, Juan Manuel Charry, así que “tiene que expedirse una norma de rango legal”.

Campesinos inconformes

Los que no quedan contentos son los campesinos, quienes estaban esperanzados en la concertación de los programas y proyectos a desarrollar para salir de la coca.

La Asociación de Campesinos de Catatumbo le expresó al mandatario, en su visita a esa región, que por la fuerza no se lograrán las transformaciones del campo colombiano.

E incluso, anoche, diez organizaciones sociales que tienen presencia en el 90 % de los territorios con cultivos de coca, le pidieron, mediante una carta, el presidente Duque que cumpla con lo que el Estado les ha prometido.

“Vemos con buenos ojos el PNIS, queremos que continúe y consideramos que ha contribuido a la reconciliación nacional, que si el programa se implementa tal como lo define el punto cuatro del Acuerdo, las comunidades rurales podrán por fin realizar el tránsito a otro tipo de economías lícitas, basadas en procesos productivos agrícolas que cuenten con las garantías mínimas de transformación, comercialización y compras públicas de sus productos, que permitan la recuperación de la vocación agrícola de campos y comunidades”, dice la misiva..

Y es que como lo señaló la Fundación Ideas para la Paz, “en el ámbito rural los cultivos ilícitos siguen teniendo como trasfondo la debilidad institucional, la desconexión de extensas zonas del territorio con el desarrollo, así como condiciones sociales adversas”. Y coinciden con los labriegos en decir que el error ha sido que las respuestas del Estado van a mitigar los efectos, pero no llegan a afectar las causas.

Sin embargo, en el diálogo con los campesinos de esa región, Duque indicó que se continuará con el apoyo a los proyectos productivos y las peticiones de los labriegos serían incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Contexto de la Noticia

250 millones de dólares por daños y 39 millones más como compensación deberá pagar Monsanto, el gigante agrotecnológico recientemente comprado por Bayer, a Dewayne Johnson, un jardinero de 43 años, enfermo de cáncer terminal, por el uso de Roundup y RangerPro, dos marcas comerciales de la empresa que tienen glifosato en su composición. La decisión la tomó un jurado popular de California, en Estados Unidos. Este hecho, que ocurrió hace apenas una semana, mantiene en Colombia abierto el debate sobre el uso de glifosato para combatir cultivos ilícitos frente a sus posibles efectos en la salud.

El 12,6 % de los 119 líderes asesinados entre el 1 de enero y el 5 de julio de 2018 se relacionaban con la sustitución y erradicación de cultivos de coca, según Indepaz. Yoni Abril, coordinador general de la Asociación de Campesinos de Catatumbo, aseguró que “los niveles de riesgo se elevarían de igual forma si la sustitución fuera obligatoria, porque nosotros lo que estamos pidiendo es el cambio de la política. Al ver una intervención forzada tenemos que decirle al Gobierno nacional que esa no es la forma de responder a una deuda histórica del campo colombiano. Esto dispararía una crisis humanitaria en todo el país. Terminaríamos movilizándonos pacíficamente para que se mantenga la implementación del Acuerdo de Paz”.

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