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Incertidumbre frena la minería


Luego del furor que desató el triunfo del No a la minería en la consulta popular llevada a cabo a finales de marzo pasado en el municipio tolimense de Cajamarca, hoy el alcalde de esta localidad y sus pobladores deben cargar con las funestas consecuencias económicas y sociales del resultado.

La razón de ello está en la decisión que, luego de conocerse el veto a la actividad minera, adoptó la multinacional AngloGold Ashanti de suspender los trabajos que adelantaba en el proyecto de exploración de oro “La Colosa”.

La medida ha llevado a la salida de más de 400 operarios de la mina, que recibían los beneficios propios de un empleo formal. A ello se agrega el hecho de que, en ciertos momentos, el número de trabajadores que participaron en las labores de exploración fueron cercanos a las 1.000 personas.

Adicionalmente, la multinacional dejará de lado las inversiones en la promoción de proyectos agrícolas y de formación empresarial en el departamento del Tolima. El valor de estas iniciativas totaliza 18 millones de dólares.

De otra parte, están los efectos negativos que el cese de la operación de la mina tiene sobre los otros sectores económicos de la región, como el comercio y otros servicios.

De esta forma, de un momento a otro y como consecuencia de una decisión popular poco informada e ilustrada sobre los costos y los beneficios de la misma, Cajamarca perdió uno de los principales motores que mueven su economía.

Lo más grave es que, como lo señala el alcalde de esta localidad a Portafolio, la minería legal generó una cultura que llevó a que los habitantes del municipio abandonaran las actividades agrícolas y pecuarias, lo que hace que, al momento, se tengan pocas alternativas de empleo e ingresos.

Según el burgomaestre, los proyectos mineros o de explotación de petróleo generan, a través de la creación de empleo directo e indirecto, estabilidad económica en los territorios rurales y esto tiene que ser tenido en cuenta por los habitantes de otros municipios mineros antes de rechazar la realización de dichos proyectos.

En contra de ciertas evidencias exitosas a nivel internacional, en Colombia se ha creado una corriente de opinión, en muchos casos poco informada o con intereses políticos o ideológicos de por medio, en contra del desarrollo de las actividades minero- energéticas legales.

Pero la realidad es que, en diversas regiones del país, estas actividades son fuente de progreso económico para sus pobladores (especialmente los rurales) y también para el resto de colombianos.

En el territorio nacional existen potencialidades en minería que no han sido aprovechadas y que, de serlo aplicando las mejores prácticas para asegurar la sostenibilidad de los proyectos y del ambiente, activarían las economías regionales e impulsarían el desarrollo general.

Pero para que ello sea así, se debe establecer con total claridad el alcance legal que tienen las consultas populares y las decisiones de los concejos en materia minero-energética, al tiempo que asegurar unas normas y reglas de juego claras para los inversionistas y las operaciones que estos lleven a cabo.

Esto implica que el Gobierno defina y aplique una estrategia integral que considere el reordenamiento del marco institucional y de políticas en materia ambiental y minero- energética de tal forma que, como se ha dicho en estas páginas editoriales, se haga realidad el desarrollo sostenible del sector minero.


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