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Impulso final para último año de Santos


Comienza la cuenta regresiva del último año del doble mandato de Juan Manuel Santos. Un período que en el que los mandatarios ven reducidos sus mecanismos de gobernabilidad (al que los norteamericanos denominan “lame duck”, pato cojo, por la merma de poderes políticos del Jefe de Estado), y en el que la capacidad de iniciativa de los gobiernos se reduce más bien a la gestión ordinaria de la administración pública.

El impulso de proyectos legislativos está amarrado, como bien se sabe, a los desarrollos de los acuerdos suscritos con las Farc. El Gobierno cuenta con el mecanismo de vía rápida (fast track) que le evita mayores debates parlamentarios y ha ejercido también, junto con otros factores reales de poder, presión suficiente sobre la Corte Constitucional para que se limite a convalidar la aprobación de esas leyes de implementación de los acuerdos.

Paz, equidad y educación fueron los tres pilares prometidos para este segundo período presidencial. El ideal de la paz fue el gran polo de los discursos presidenciales, que mereció el apoyo de la comunidad internacional al punto de reconocerlo con el Premio Nobel. La manifestación terrenal de esa gran promesa fueron los acuerdos de La Habana, no solo de carácter político sino también constitucional, pues por vía de acto legislativo se introdujeron cláusulas a la Carta Política que vinculan a los próximos gobiernos para el cumplimiento de lo allí acordado.

En educación ha habido avances a pesar de los paros docentes y de la reticencia del magisterio a asumir mayores compromisos de calidad y evaluación del desempeño, cruciales para avanzar en la solución de hondas falencias que ubican al país todavía en los escalones más bajos de los comparativos en calidad de la educación (comprensión lectora, matemáticas y ciencias). En educación universitaria el programa “Ser Pilo Paga” deberá tener impacto medible a partir del próximo Gobierno, y no podría ser en ningún caso un resultado de retroceso.

Una gran tarea pendiente es la recuperación del ritmo de crecimiento económico. Que debe ir acompañada de una mayor generación de empleo formal y de la mejora de las condiciones de vida de los hogares, en especial las de los grupos de menores ingresos. Luego del fuerte ajuste económico es hora de facilitarles a los ciudadanos la prosperidad prometida en los eslóganes oficiales.

No es fácil para el actual Ejecutivo el cumplimiento de todas esas promesas. Varios sectores se enfrentan a recortes presupuestales y los mayores compromisos asumidos por el Gobierno, pero que obligan al Estado todo en los acuerdos con las Farc, unido a la exigencia de los parlamentarios por financiación en los meses previos a las elecciones, hacen prever un panorama todavía crítico para las finanzas públicas.

En las relaciones internacionales seguirán siendo Estados Unidos y Venezuela los dos temas que más atención requerirán del Gobierno y su silenciosa diplomacia. Son ya varios, y explícitos, los llamados de atención del Gobierno norteamericano sobre las dificultades políticas que enfrentará la relación bilateral si Colombia sigue limitándose a hacer anuncios mientras la producción de coca crece y la exportación de cocaína también. Y con Venezuela ya pasó el periodo de apaciguamiento por la intervención de su régimen en el proceso de paz y ahora toca afrontar la crisis humanitaria de los refugiados venezolanos en éxodo hacia nuestro país.

La gestión de todos estos asuntos y muchos más que quedan por fuera habrá de hacerse con un Congreso con las miras puestas en las elecciones y en la consecuente reacomodación de alianzas políticas, con una oposición actuante y un apoyo popular minoritario. ¿Dará más de sí el liderazgo político del presidente y su Gobierno?.


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