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Por sugerencia del Ministerio de Hacienda, el presidente Juan Manuel Santos no sancionará el proyecto de ley aprobado por el Senado y que ordena bajar de 12 % a 4 % el aporte mensual a salud de 1,1 millones de pensionados que reciben menos de cuatro salarios mínimos de mesada (2,98 millones).
El Ministerio de Hacienda, en los últimos debates de la propuesta advirtió que esa reducción costaría 2,3 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación, monto que no está contemplado y atenta contra la Ley 819 de 2013, de responsabilidad fiscal.
Al respecto, este diario no obtuvo respuesta de esa cartera, pero el viceministro Técnico de Hacienda, Andrés Escobar Arango, comentó a W Radio que el “Gobierno tendrá que objetar este proyecto porque no existen los recursos para cumplir con esa promesa, que creo es populismo”.
También la objeción alegaría vicios de inconstitucionalidad, pues al ser un tema de tributos no cuenta con el aval del Gobierno e “incluye una medida regresiva que no prevé una fuente sustituta de recursos”, como se lee en uno de los conceptos jurídicos negativos que envió el Ministerio de Hacienda al Senado.
Sin embargo, representantes de 1,3 millones de pensionados en el régimen público de Prima Media y otros 115 mil en el régimen privado de Ahorro Individual consideran que sería “un engaño” que el presidente Santos objete la ley.
“En la campaña presidencial de 2014, Santos dijo que iba a corregir esta injusticia con los pensionados. Pero él mismo me manifestó después en una reunión en Casa de Nariño que eso no era posible, que fue un desacierto de campaña y no iba a apoyar el proyecto, que eso valía mucha plata”, reprocha Orlando Restrepo Pulgarín, presidente de la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC).
Por eso anunció que, si el Gobierno niega sancionar el proyecto ley, desde ya evalúan alternativas jurídicas como acciones populares, pedir que la Corte Constitucional emita su concepto y acudir a denunciar ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Entre tanto, el vicepresidente de la Confederación Democrática de Pensionados (CDP), Jesús Mendoza Vargas, considera que el argumento fiscal no tiene validez: “el mismo Gobierno ha dicho que 28 billones de pesos que estaban destinados a la guerra, ahora con el acuerdo de paz, se destinarán a lo social y nosotros somos gente, no carga fiscal”.
Ambos líderes de los pensionados coinciden en que no es justo que desde 1993, por la Ley 100, deban pagar 12 % de aportes a pensión, cuando hoy un empleado formal aporta el 4 % y la reforma tributaria de 2012 eliminó el 8 % de aporte que hacían los empresarios y lo asumió el Estado (ver A favor y en contra).
Pero el Ministerio de Hacienda, en su concepto jurídico y apoyado en sentencias de la Corte Constitucional, concluye que el porcentaje actual de cotización es inequitativo y responde al principio de solidaridad, “en desarrollo del cual el trabajador activo así goza del beneficio de cotizar en porcentaje inferior al del pensionado, pero deberá solidarizarse con trabajadores activos cuando ostente la calidad de pensionado”.
En todo caso, el senador Horacio Serpa, quien votó a favor del proyecto de ley, instó al Gobierno a hacer un esfuerzo fiscal para superar esta situación: “El Ministerio de Hacienda estaba más que avisado, no se puede alegar inconveniencia fiscal frente a una carga pesada para la inmensa mayoría de modestísimas pensiones”.