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Aunque el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) ya publicó los nuevos mapas de Antioquia y Chocó, el Gobierno Nacional esperará a que el Consejo de Estado decida la demanda sobre ese acto administrativo, en la que está en disputa una franja en la zona de Urabá.
Así lo manifestó el ministro de Interior, Guillermo Rivera Flórez, tras una reunión con el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien le entregó 1.366.876 firmas de ciudadanos que respaldan que este departamento siga ejerciendo jurisdicción sobre los territorios de Belén de Bajirá, Nuevo Oriente, Blanquiceth y Macondo.
“El Gobierno Nacional tiene respeto y afecto por el pueblo antioqueño y por sus autoridades. Recibimos estas firmas y reiteramos la decisión del Gobierno de esperar la decisión del Consejo de Estado para resolver esta controversia. El Gobierno la respetará y la acatará, cualquiera que esta sea”, afirmó Rivera.
El pasado 10 de junio, el Igac publicó los mapas de los dos departamentos en los que Belén de Bajirá, Nuevo Oriente, Blanquiceth y Macondo aparecen en Chocó, lo que generó una demanda de la Gobernación de Antioquia ante el Consejo de Estado para revertir los efectos de ese acto administrativo.
La administración departamental también empezó a buscar respaldo popular a esta reclamación, con la recolección de firmas, acto con valor simbólico, pues no tiene peso en la discusión jurídica.
Otro que recibió ayer copia de las firmas fue el presidente del Senado, Mauricio Lizcano Arango, quien sentó clara posición sobre este caso.
“Lo que ha hecho el Igac se extralimita a sus competencias y está asaltando al Congreso en sus funciones. El único competente en el Congreso para dirimir límites es la plenaria del Senado”, declaró el legislador del Partido de la U.
Lizcano recordó que, tras un estudio jurídico de los anales de la Comisión Territorial del Congreso del año pasado, se encontró que la devolución del informe técnico al Igac no fue porque no hubiera límite dudoso.
“Cuando la Comisión le devolvió al Igac el concepto técnico, no lo hizo asumiendo que renunciaba a sus competencias, sino que, como está claro en los anales del Congreso, lo devolvió porque entendió que ese concepto técnico estaba mal hecho”, declaró.
Lizcano indicó que el Senado no se hará parte de la disputa, pero que esta información sí puede ser usada por Antioquia en el alto tribunal.