antioquia | Publicado el 27 de junio de 2016

En 30 días se sabrá qué pasó en Guatapé

La central hidroeléctrica Guatapé empezó a operar el sábado, 25 de junio, al 100 por ciento de su capacidad, 68 días antes del tiempo estimado en el cronograma. FOTO Manuel Saldarriaga

Martha Arias Sandoval

La Superintendente de Servicios Públicos, Patricia Duque Cruz, confirmó que en 30 días se conocerá un pronunciamiento oficial sobre los resultados que arrojó la investigación que adelanta por la salida de operación de la central hidroeléctrica Guatapé.

El equipo de la Superintendencia visitó recientemente Medellín para conocer de primera mano la problemática de servicios públicos y energía en el Departamento.

El 15 de febrero pasado se registró un incendio en el túnel de acceso a la casa de máquinas, hubo destrucción parcial de los cables y la central salió de operación.

La no operación de la central se registró en un momento coyuntural por el fenómeno de El Niño “sale de servicio una hidro que estaba necesitando el país y esa es una causal para ser investigada”, recordó la Superintendente.

Por el debido proceso, la funcionaria no dio mayores detalles, pero señaló que la delegada de energía y gas está recogiendo las pruebas.

El sábado, tras la importación de los cables y la entrada en operación paulatina, la central empezó a funcionar en un 100 por ciento.

Los nuevos cables instalados en la central son secos, lo cual disminuye el riesgo de incendio, indicaron voceros de Empresas Públicas de Medellín.

Guatapé genera 8 gigavatios hora día de energía, que corresponden al 5% del total.

Fantasma de apagón

Por la amenaza de apagón que vivió el país, que llevó a la administración Santos a importar energía, se generaron unos incentivos para usar de forma racional los servicios públicos: se cobrara más tarifa a quien consumiera más y se premiaba el ahorro de los colombianos.

En Antioquia, se hicieron virales unas quejas de usuarios, difundidas en las redes sociales, por el incremento inesperado de la cuenta de los servicios públicos.

Ante esta situación, Empresas Públicas de Medellín, explicó en su momento que más de 400.000 hogares antioqueños recibieron un incremento en la tarifa de energía, lo que representó un valor de 6.000 millones de pesos, y ese cobro hace parte de los excesos en el consumo contemplado en el plan de incentivos y desincentivos establecidos por el Gobierno.

Durante el Foro “Todos con la Superservicios” que se realizó en Medellín se conoció además que se adelanta una indagación preliminar por posibles irregularidades de las filiales de EPM, frente al tema de incentivos y desincentivos del Gobierno.

Jorge Andrés Carrillo, superintendente delegado para acueducto, alcantarillado y aseo de la Superintendencia, reveló que son 76 las empresas reportadas por irregularidades y dentro de ellas, hay filiales de EPM. “Estamos verificando si se cometió o no irregularidad”.

El proceso se encuentra en indagación preliminar “requerimientos que hacen parte de una investigación, no dentro de un proceso administrativo sino de vigilancia”, dijo Carrillo.

Falta formalización

En Colombia son cerca de 15.000 los acueductos rurales, de los cuales, unos 2.600 están formalizados, de los restantes, 12.400 se desconoce cómo están, qué necesitan, y que servicio ofrece.

Aunque Antioquia, es de los pocos departamentos del país con proyectos específicos para fortalecer acueductos rurales, tiene alrededor de 500 acueductos sin formalizar.

El Departamento tiene una alianza con EPM para apoyar estos acueductos, puntualizó el funcionario.

Contexto de la Noticia

Posiciones encontradas se escucharon en la Asamblea Departamental a propósito del relleno sanitario el Guacal. Jair Bedoya, líder comunitario de Heliconia, sostuvo que este debe acabarse por los graves daños al medio ambiente. Con un video mostró lo que llamó daños irreparables a las fuentes hídricas. “Pedimos que paren el Guacal”. Entre tanto, Jorge Ortiz, secretario de Gobierno del municipio de Heliconia, indicó que tras el cierre temporal del relleno se afectaron las finanzas de la empresa de servicios públicos domiciliarios que llevó a tomar la decisión de liquidarla, resolución avalada por el Concejo Municipal. “Tras la liquidación de la empresa el municipio tiene seis meses para decidir si presta el servicio, o lo hace un tercero”, dijo Ortiz.

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