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La transnacional minera OceanaGold le pago al Estado de El Salvador 8 millones de dólares, por los costos legales de un proceso de arbitraje resuelto el año pasado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Así lo informó ayer la Fiscalía del primer país en prohibir la minería metálica, luego de que su Congreso considerara que “la extracción de metales es una industria destructiva para el medio ambiente y la salud pública”.
El pago derivó de un laudo arbitral en 2009, que se originó en una demanda promovida por la empresa Pacific Rim Cayman LLC, que ahora es propiedad de la minera australiana-canadiense OceanaGold, contra ese Estado, en la que le reclamaba 250 millones de dólares por haberle negado un permiso de extracción.
Sin embargo, en octubre de 2016, El Salvador salió ganador y la Ciadi, con sede en Washington, ordenó a la minera compensarlo con el monto referido, más intereses, por los costos del proceso legal que duró siete años.
No obstante, debido al impago por parte de la transnacional, la Fiscalía congeló sus inmuebles, vehículos y cuentas bancarias. Más tarde, llegaron a un acuerdo, mediante el cual OceanaGold se comprometió a no promover ninguna acción de nulidad del laudo, mientras el organismo judicial accedió a descontinuar las acciones de cobro.
“La Fiscalía, en representación del Estado de El Salvador, expresa su satisfacción por el acuerdo logrado y el pago efectuado por la empresa minera”, indicó el Ministerio Público de ese país.