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El proyecto que busca sacar de la coca a 7.655 familias antioqueñas
Subsidios por dos años y tierras para proyectos productivos hacen parte de la propuesta.
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En municipios como Briceño, al norte de Antioquia, los campesinos combinan cultivos de coca con café. FOTO Donaldo zuluaga
27 de marzo de 2017
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Según cifras de la Secretaría de Gobierno del departamento, en el último año los cultivos de uso ilícito en Antioquia han incrementado en un 500 % y por eso es urgente iniciar la implementación de varios proyectos para la sustitución o erradicación de la producción de la mata de coca, la cual se está sembrando en mayores cantidades en municipios del Norte y Bajo Cauca.
“Según las cifras que manejamos en el departamento, los cultivos ilícitos han subido a nivel nacional un 19 %, pero lo de Antioquia es alarmante, porque ese incremento llega al 500 %, por eso hay que tener una política fuerte de sustitución y erradicación”, aseguró Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno departamental.
Una de esas políticas tiene que ver con la utilización de predios, la mayoría de ellos ubicados en el Bajo Cauca, que se encuentran en proceso de extinción de dominio, para que sean utilizados por las alcaldías de Briceño, Valdivia, Tarazá, El Bagre, Nechí, Cáceres y Anorí, con el fin de cultivar diferentes productos y que 7.655 familias puedan manejarlos mientras sustituyen los de uso ilícito que tienen en sus tierras.
“Esa propuesta se la hizo el gobernador Luis Pérez al presidente Santos. Son más de 12 mil hectáreas, dos mil por municipio. Adicionalmente le solicitó los recursos para que esas familias tengan la oportunidad de adelantar esos cultivos lícitos. Ante esa solicitud, no solo el presidente se comprometió, también lo hizo Rafael Pardo, alto consejero para el posconflicto”, explicó Jaime Garzón, secretario de Agricultura de la Gobernación.
Según un informe preliminar sobre este proyecto conocido por EL COLOMBIANO, se espera que sean intervenidas 3.660 hectáreas que se encuentran sembradas con mata de coca en los siete municipios mencionados. Ya en Anorí, Briceño y Cáceres se conocen las veredas que serán beneficiadas, mientras que aún se debe socializar con las comunidades de El Bagre, Nechí, Tarazá y Valdivia.
Todo el plan está dividido en cuatro etapas, que van desde la voluntad de las familias para sustituir los cultivos, la definición de los esquemas de los programas oficiales, firma de un acuerdo con el gobierno local, inscripción de las familias de un acuerdo individual de sustitución, hasta el desembolso del dinero, que también dependerá de un certificado de la no existencia de cultivos de coca por parte de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU.
En este proyecto, la gobernación advierte que las familias que no cumplan “saldrán inmediatamente del programa y se le hará erradicación forzosa por parte de la Fuerza Pública”.
Los dineros del proyecto
Según el informe, los subsidios a las familias se prolongarían por dos años y la idea es que cada familia reciba hasta 36 millones de pesos en ese tiempo divididos de la siguiente manera: en el primer año se tendrían ingresos mensuales de un millón de pesos, también se contaría con un “incentivo de autosostenimiento y seguridad alimentaria” por un valor de $1.800.000, “proyecto productivo de ingresos rápidos” de nueve millones de pesos y una “asistencia técnica” de $1.600.000.
Para el segundo año, se financiará un “proyecto productivo de largo plazo” por diez millones de pesos y una “asistencia técnica de $1,6 millones. A su vez, las familias contarán también con una línea de crédito blando especial y una inversión adicional en la formalización.
La erradicación continuará
Según la Secretaría de Gobierno, la Gobernación y las autoridades también continuarán con su estrategia de erradicación de los cultivos de uso ilícito.
“Ya este año estamos alcanzando 1.150 hectáreas erradicadas en todo el departamento”, añadió Victoria Eugenia Ramírez.
Por su parte el gobernador Luis Pérez criticó el método de erradicación, y aunque no sugirió el uso del glifosato, sí pidió a las autoridades que busquen nuevos métodos para la erradicación de la hoja de coca.
A finales de enero pasado el Gobierno Nacional y las Farc definieron una hoja de ruta para combatir el flagelo de los cultivos ilícitos a través de sustitución en 50.000 hectáreas.
El programa lo lidera la Consejería para el Posconflicto y contará con participación de las Farc. Esta iniciativa es complementaria al plan que lanzó el departamento de Antioquia.
3.660
hectáreas de coca son las que se buscarán sustituir por cultivos lícitos.
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