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Al menos unos 20 billones de pesos anuales debe ahorrar el Gobierno cada año para alcanzar un ajuste estructural en el histórico déficit fiscal que arrastran las finanzas del nivel central, aseguró el contador General de la Nación, Pedro Bohórquez Ramírez, en entrevista con EL COLOMBIANO.
El último reporte consolidado de estados financieros a 2016, que acaba de publicar la entidad, arroja que en las cuentas nacionales hay un déficit de 27,81 billones de pesos. Eso quiere decir que los gastos y costos son mayores a los ingresos totales de 354 entidades públicas supervisadas que tuvieron ingresos corrientes por 145,8 billones de pesos.
Asimismo, las deudas registradas por el nivel central ascienden a 758,9 billones de pesos, superando a los activos (623,1 billones). Esto arroja un patrimonio negativo que subió en 2016 a 23,6 billones de pesos, hasta 152,88 billones.
En todo caso, las cuentas del nivel territorial, que comprende 3.406 entidades, desde alcaldías y gobernaciones hasta loterías y empresas de servicios públicos, dan un balance positivo. Igual pasa con el Sistema General de Regalías y el Banco de la República, lo que ayuda a mejorar el resultado final del sector público consolidado (ver gráficos).
Mientras este reporte se encuentran en valoración fiscal por parte de la Contraloría General de la República y luego irá a finales de este mes al Congreso, el contador General planteó la necesidad de que haya un mayor ahorro en el gasto y hacer más efectiva la cobranza.
“El Estado debe hacer una mayor política de austeridad en el gasto, pues en los últimos años el déficit fiscal ha bordeado los 25 billones de pesos, por eso es necesario que el Gobierno reacomode sus fuentes de financiamiento”, recomendó Bohórquez.
Precisó que no se trata solo de cumplir la Regla Fiscal, que define el margen de déficit autorizado, y que este año se amplió de 3,3 % del producto interno bruto (PIB) a 3,6 % (ver Opinión).
Al respecto, este diario buscó una explicación del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, pero al cierre de la edición no hubo respuesta. Sin embargo, el funcionario mencionó recientemente que la estrategia de “austeridad inteligente” que impulsó ha permitido que hoy el Gobierno esté gastando menos que en 2009, en proporción con el PIB, y que continuará la política de “hacer más con menos”.
En ese sentido, el contador General valoró la política fiscal sana del Gobierno, pero considera que es insuficiente frente a una deuda total del orden de 445 billones de pesos al cierre de 2016.
De otro lado, el funcionario considera oportuno que haya una política de cobranza más efectiva, no solo en el nivel central, sino en los entes territoriales: “Al cierre de 2016, registramos que hay 706 mil personas naturales y otras 138 mil jurídicas (empresas) que le deben a distintas instancias del Estado cerca de 52,4 billones de pesos, una cantidad enorme que ayudaría a mejorar las finanzas públicas”.
Al respecto, en próximos días se reunirá con altos funcionarios del Ministerio de Hacienda para plantearles la necesidad de impulsar una reforma legal que facilite la recuperación de cartera de las entidades públicas, cuando ya se encuentra en procesos judiciales.
“Con el cobro coactivo pasa que cuando se van a ejecutar los embargos sobre esos bienes de deudores, resulta que ya los han traspasado a otras personas y se declaran insolventes y no pagan”. Por eso propone que desde antes de terminar el proceso jurídico de cobranza, la entidad oficial pueda recibir esos bienes y, en el caso de que el litigio salga a favor del ciudadano, se desembarga y retorna su bien.
“En la medida que se recuperan más recursos, también habrá un mayor beneficio social con la inversión pública”, concluyó el funcionario.