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El fiscal pidió varias precisiones a la Corte sobre la JEP


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El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, aseguró que el acto legislativo que creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco de un Sistema Integral es ajustado a la Constitución y permitirá hacer “tránsito a una paz sin impunidad”.

“Para la Fiscalía General dichas disposiciones constituyen convenientes instrumentos de justicia transicional que desarrollan la obligación del Estado Colombiano de respetar los derechos de las víctimas, diseñado al amparo de nuestra decisión soberana como Nación, para hacer tránsito a una paz sin impunidad, que asegure la implementación de mecanismos de resarcimiento”, dijo.

No obstante, Martínez le pidió a la Corte que precise las competencias de la JEP para sentar un debate que se está gestando sobre lo que pasará con las investigaciones en marcha que se originaron luego de que los magistrados de Justicia y Paz compulsaron copias en contra de agentes de la Fuerza Pública y terceros civiles que financiaron el paramilitarismo.

El debate al que hace referencia el Fiscal General consiste en que el Acuerdo establece, por un lado, que estas compulsas deberán pasar a la Jurisdicción Especial de Paz y, por otro lado, crea una Unidad al interior de la Fiscalía para que investigue el crimen organizado, para proteger a los defensores de derechos humanos, incluyendo a los residuos de los grupos paramilitares.

Para el Fiscal, no es válido el reclamo que las Farc han hecho en el sentido de que la Fiscalía se dedica exclusivamente a afectar a esos residuos y a juzgar y sancionar a los terceros que apoyaron a los grupos paramilitares por la justicia ordinaria, porque esto implicaría que la JEP sería solo para las Farc y no para el resto de actores armados que actuaron en el conflicto.

“La Fiscalía considera que esa pretensión es inadecuada porque el conocimiento de dichos crímenes es exclusivo de la JEP. De lo contrario, el tratamiento especial previsto en la JEP para penas y no extradición, sería exclusivo para las Farc, dejando al resto de actores del conflicto en la justicia ordinaria, con penas de 60 años”, dijo.

El Fiscal Martínez señaló que “subvertir la competencia exclusiva de la JEP, pondría en vilo el logro de una paz estable y duradera porque se haría tránsito de una guerra militar a una guerra jurídica”.

En términos generales, el Fiscal Martínez le solicitó a la Corte que precise algunos artículos del Acto Legislativo 01 de 2017 para que quede en claro y en detalle, qué elementos quedan exclusivamente en la JEP y cuáles todavía tienen campo en la justicia ordinaria como, por ejemplo, de quién es la competencia para investigar y juzgar los delitos de testaferrato y enriquecimiento ilícito sobre los bienes activos que las Farc declaren y los que no declaren. O bien, sobre el delito de narcotráfico.

El Fiscal Martínez le pidió a la Corte igualmente que precise los alcances de las labores de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos al estimar que, si bien es autónoma, no puede estar aislada al resto del aparato institucional, incluyendo la justicia ordinaria.

“Eso debe implicar que se obligue a la Unidad de someter la actuación al principio de colaboración autónoma, no puede sustituir investigaciones o impedir las investigaciones que lleva la justicia ordinaria”, dijo.

Para el Fiscal Martínez, la Unidad debe entregar, de manera obligatoria y de oficio elementos probatorios hallados tanto a la JEP como a la Justicia ordinaria.


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