Defensores piden investigar a Chiquita Brands

Esta sería la primera vez que la Corte Penal Internacional actúa en contra de los ejecutivos.

Es conocido el alcance que tuvo el fenómeno del paramilitarismo en el Urabá con el apoyo de algunas empresas. FOTO archivo

Organizaciones defensoras de Derechos Humanos anunciaron ayer en Bogotá que pedirán a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue a los directivos de la bananera estadounidense Chiquita Brands por financiar a paramilitares en Colombia.

“Solicitamos que la CPI amplíe su examen preliminar en Colombia para incluir concretamente a los ejecutivos de Chiquita”, dijo Dimitris Christopoulos, presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), citado en un comunicado.

“El peso de la evidencia es suficiente para que la Fiscalía de la CPI actúe en caso de que la justicia colombiana no sea capaz de hacerlo”, agregó.

El pedido al tribunal de justicia internacional, realizado a través de un comunicado, busca que se determine el rol de los ejecutivos de la multinacional “en la contribución a crímenes de lesa humanidad” cometidos entre 1997 y 2004 por los paramilitares.

Según las organizaciones, las indagaciones de la CPI deben centrarse en 14 ex y actuales empleados, directivos y miembros de la junta directiva de Chiquita y de su antigua filial Banadex —que no son colombianos ni tienen domicilio en el país— por haber supervisado la financiación a los paramilitares.

“Hasta la fecha, ningún ejecutivo ha rendido cuentas, a pesar de que la empresa confesó haber entregado millones de dólares a paramilitares colombianos que mataron, violaron, y desaparecieron a civiles”, indicó el boletín.

Es de recordar que Chiquita Brands se declaró culpable en 2007 de haber financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Por esa razón, la firma fue sancionada con una multa de 25 millones de dólares tras aceptar que entregó, entre 1997 y 2004, un total de 1,7 millones de dólares a los paramilitares supuestamente con el objetivo de proteger la vida de sus trabajadores.

La Fiscalía colombiana declaró en febrero pasado delito de lesa humanidad la financiación de paramilitares por parte de bananeras, por lo que estos crímenes son imprescriptibles en el país.

La solicitud de este jueves fue realizada por la FIDH, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard y el Colectivo de Abogados José Alvear en nombre de la Comunidad de San José de Apartadó, en el departamento de Antioquia.

En caso de que la CPI lo acepte, esta sería la primera vez que el organismo internacional actúa en contra de ejecutivos corporativos por facilitar crímenes de lesa humanidad, explicaron .