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Corte Constitucional evalúa el futuro de los bienes de las Farc


FOTO: Colprensa

La Corte Constitucional desarrolla el día de hoy una audiencia pública acerca del decreto ley 903 de 2017 que establece lo que ocurrirá con los bienes de las Farc, quienes deben entregar el listado de sus posesiones a más tardar el 15 de agosto.

El Ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, le pidió a la Corte avalar el decreto al estimar que es “una bandera del Gobierno Nacional en defensa de las víctimas del conflicto armado”.

Gil Botero señaló que no hay vicios en el decreto y que el mismo permite cumplir con lo pactado en el Acuerdo de Paz alcanzado de las Farc, en tanto que los bienes que entreguen las FARC serán utilizados para la reparación de las víctimas.

El ministro enfatizó que se trata de bienes que conformarán un Fondo que será dirigido y conformado por el Gobierno.

“La entrega de los bienes por parte de las Farc para la reparación de las víctimas se ajusta a sentencias que señalan que la obligación de reparar corresponder, en primer lugar, a los responsables”, señaló.

“La obligación de reparar está protegida en este decreto estableciendo un mecanismo temprano de recolección de bienes que evita la posibilidad de ocultamiento de los mismos”, señaló Gil al considerar que en el proceso con los paramilitares no hubo un mecanismo así, lo que facilitó el ocultamiento de bienes.

“Sobre esa experiencia, el decreto obliga la realización de un inventario definitivo, en forma paralela con el proceso de desarme, con el propósito de evitar dilaciones. Se envía un mensaje de que el capital ilegal de las Farc debe ser devuelto a las víctimas”, enfatizó.

El ministro Gil señaló que el decreto además garantiza el fortalecimiento de la política criminal en materia de extinción del derecho del dominio y señaló que los bienes declarados por las FARC no tendrán acción alguna en la justicia ordinaria.

“Los que no sean inventariados, recibirán el tratamiento de la jurisdicción ordinaria”, señaló al indicar que esa jurisdicción se investigarán delitos que se hayan cometido con posterioridad.

En ese sentido, Gil Botero insistió que el decreto se ajusta a la Constitución y el derecho internacional.

La Fiscalía pide correcciones

Por su parte, el Fiscal General del la Nación, Néstor Humberto Martínez, pidió que el listado de bienes de las Farc, además de ser entregada a la Misión de la ONU en Colombia y al mecanismo tripartito de Monitoreo y Verificación, sea entregado a su entidad para que se haga la respectiva extinción de dominio.

Además advirtió que el decreto facilita la impunidad para los testaferros de las Farc, sobre quienes dijo deben ser procesados en la justicia ordinaria.

Por último, el fiscal hizo un llamado a la Corte para declarar inexequible la parte del decreto en la que se hace referencia a que los recursos de las Farc pueden ir a la reincorporación de los exguerrilleros: “el Estado debe garantizar otro tipo de recursos para los programas de reinserción que garnaticen una paz estable y duradera.


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