¿Las consultas contra minería y petróleo amenazan la economía?

Refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja. FOTO COLPRENSA
Refinería de Cartagena (Reficar). FOTO ARCHIVO EL COLOMBIANO
Mineros en el Bajo Cauca antioqueño. FOTO MANUEL SALDARRIAGA

La consulta popular del pasado fin de semana en Cumaral, Meta, o la que se realizó el 26 de marzo en el municipio de Cajamarca, Tolima, donde la ciudadanía rechazó el desarrollo de proyectos minero-energéticos, prendió las alarmas en el país por el alcance que se le está dando a este mecanismo de participación, contemplado en la Constitución Política.

Pero más allá de los resultados obtenidos en las más de quince consultas realizadas desde el año pasado para defender el medioambiente en varios municipios del país, la mayor preocupación de la industria y del Gobierno Nacional son las más de 20 iniciativas similares que se podrían dar en el transcurso del año para frenar la exploración y explotación del subsuelo.

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Uno de los primeros en prender las alarmas frente al tema fue la Asociación Colombiana de Minería, que en marzo pasado, tras la decisión de Cajamarca, aseguró que si no se regulan las consultas de las comunidades, no solo se van a afectar los proyectos mineros, sino también los de vías, los de petróleo, los rellenos sanitarios e incluso los energéticos.

Esta semana, tras la decisión de Cumaral, el sector de hidrocarburos, a través de la Asociación Colombiana de Petróleo, mostró su descontento por el aumento de este mecanismo de participación, más que todo por el alcance que están logrando para frenar de tajo los proyectos de exploración y explotación, que podrían llegar a tener un efecto sobre la economía.

A la polémica se sumó esta semana el Consejo de Estado, con un fallo de la Sección Cuarta, donde la magistrada Stella Jeannette Carvajal estudió una tutela de la empresa Masarovar Energy, parte interesada en la explotación de hidrocarburos en Cumaral, donde pedía que se suspendiera la consulta popular en ese municipio por no cumplir con algunos requisitos.

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Pero el alto tribunal falló en contra y dejó dos aspectos fundamentales sobre la discusión: el primero, que el resultado de las votaciones que se convocan por el pueblo son definitivos y de obligatorio cumplimiento; y, segundo, que esta decisión democrática de la gente solo podrá tener efectos a futuro.

El expresidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán,explicó que tal como lo definió la corporación, la decisión que toma la ciudadanía en una consulta popular es vinculante y obligatoria, y las autoridades municipales están obligadas a tomar las medidas que requieren para hacer efectiva la decisión del pueblo, tal como lo expresa el Consejo de Estado.

“La decisión de la corte fue con relación a la consulta en Cajamarca, pero como donde existen las mismas razones de hecho, se deben dar las mismas soluciones en derecho, eso es lo que explica que se hayan hecho más solicitudes en otros municipios de Colombia. Ahora hay que cumplir la decisión que se adopte popularmente, sino para qué se permitió hacer la consulta”, señaló Beltrán.

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Esto también pone en duda lo que ha venido reiterando el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Minas y Energía, acerca de que este tipo de consultas solo representan una decisión política y que, aunque se manifiesta la voluntad popular de los habitantes de una zona determinada, no tienen capacidad para cambiar la ley.

Ahora bien, la duda de la consulta popular queda en la segunda decisión del alto tribunal, donde se abre la posibilidad de que los proyectos que actualmente se desarrollan puedan continuar: “La decisión que adopte el pueblo no puede detener, frenar, ni limitar los proyectos y actividades de hidrocarburos que actualmente se estén desarrollando en el municipio de Cumaral”, dice la sentencia.

Refinería de Cartagena (Reficar). FOTO ARCHIVO EL COLOMBIANO

Los problemas

Mientras la Corte Constitucional revisa la sentencia del Consejo de Estado para definir en efecto qué pasa tras el mecanismo de participación, vale la pena entrar a mirar por qué el país está viviendo un aumento en el número de iniciativas de consultas populares y qué tan cierto es que estas puedan llegar a frenar el empleo, la inversión y el desarrollo del país.

Para la investigadora principal y coordinadora de la línea ambiental en Dejusticia, Diana Rodríguez, el principal problema está en la creciente concentración de la toma de decisiones en materia de minería y grandes proyectos de manera centralizada desde Bogotá, sin contar con la participación de las entidades territoriales o los ciudadanos.

“Los municipios entendieron que había un mecanismo institucional que no requería el uso de la violencia ni la protesta, ni la tomas de carreteras, para participar de las decisiones que los afectan y los benefician en su territorio. Infortunadamente el Gobierno lo que ha hecho es centralizar cada vez más la toma de decisiones en este campo de la minería, sin tomar en cuenta a los ciudadanos”, afirma Rodríguez.

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A esto se suma que los diferentes municipios del país están haciendo una apuesta a unos modelos distintos de desarrollo, demostrando que la minería no es tan buena como se ha querido hacer ver y que quieren diversificar los modelos de desarrollo, teniendo en cuenta aspectos como la agricultura para nuevos proyectos en sus comunidades.

“Los municipios mineros de este país, con excepción de algunos municipios antioqueños, tienen un Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas peor que la media nacional, eso significa que hay mayor pobreza, por lo que la minería no es la panacea. Los ciudadanos están viendo que los proyectos no se está traduciendo en mejores condiciones de necesidades básicas”, explicó la experta de Dejusticia.

Para el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), Francisco Lloreda, las consultas populares no son el problema de fondo, que finalmente se explica en tres aspectos fundamentales: las regalías, las inquietudes de carácter ambiental y el aprovechamiento de las mismas para fines políticos en vísperas de las elecciones de 2018.

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Según Lloreda, en los departamentos y municipios productores existe un profundo malestar porque sienten que en los últimos años se les ha despojado de unos recursos que para ellos eran importantes y eran la compensación de la presencia de la actividad petrolera, que se dio a partir del actual Sistema General de Regalías, que pasó de asignarles el 80 % a menos del 20 %.

“Existe entonces un profundo malestar que desde el gremio entendemos, no solo porque se le fue la mano a este proyecto sino que se hizo en un tiempo excesivamente corto, aprovechando el boom petrolero de la época y a sabiendas que en algunas regiones se las estaban robando”, aseguró Francisco Lloreda sobre el primer punto.

Frente al tema ambiental, el directivo explicó que en muchos municipios los ciudadanos han votado influenciados con argumentos falsos sobre las afectaciones de la industria petrolera, estigmatizando el sector y generando un ambiente enrarecido ante lo que realmente pueden llegar a aportar estos proyectos de exploración y explotación de petróleo.

“Me parece que por el bien de la industria y el país se va a necesitar una pedagogía audaz que les explique a los colombianos que no deben escoger entre agua y petróleo, porque esta industria no solo puede convivir con el agua sino que ha sido una de sus principales defensora. La industria petrolera gasta el 1,6 % del recurso hídrico en Colombia”, señaló Lloreda.

Mineros en el Bajo Cauca antioqueño. FOTO MANUEL SALDARRIAGA

Las soluciones

Desde la Asociación Colombiana de Minería y la Asociación Colombiana de Petróleo, las consultas populares, además de generar inseguridad jurídica, podrían generar grandes afectaciones al empleo, la inversión y el desarrollo del país, pues entre ambos sectores aportan cerca del 11 % de participación en el Producto Interno Bruto (PIB).

El sector minero genera 175 mil empleos directos y aporta 2 % del PIB, el 8 % de la renta extractiva y el 20 % de las regalías; mientras que el sector de hidrocarburos participa con casi el 9 % del PIB, aporta el 23 % de todos los impuestos que se pagan al gobierno, dividendos de Ecopetrol, además de los derechos contractuales suscritos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y las regalías.

“Los recursos que la industria petrolera no le aporten al país los terminamos pagando todos los colombianos en impuestos, prueba de ellos las dos reformas tributarias (2014 y 2016), por eso sostengo que el mejor negocio desde el punto de vista tributario, para el bolsillo de los colombianos, es que a la industria petrolera le vaya bien”, señaló Lloreda.

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Por eso, para que este tipo de proyectos no se frenen y para que las consultas populares no resulten siendo la piedra en el zapato, desde diferentes sectores se han venido haciendo una serie de recomendaciones para que el Gobierno Nacional, como principal actor, acabe con la incertidumbre jurídica que existe actualmente en el país.

Desde Dejusticia se proponen dos aspectos fundamentales: en primera instancia, la Agencia Nacional de Minería o la Agencia Nacional de Hidrocarburos deben decir cuáles son esas áreas estratégicas ricas en minerales y petróleo donde se deberían ofertar títulos, contrastarla con las zonas donde está prohibida la minería y luego concertar con las autoridades municipales, para que estos puedan opinar.

“Mediante audiencias los municipios pueden contarle al gobierno por qué si o por qué no es importante hacer o no minería. Ahí harían la concertación y luego saldrían a ofertar los títulos, teniendo en cuenta dos factores esenciales: las zonas donde se puede o no se puede hacer minería y luego, ofertar los títulos aplicando el principio de mejor postor”, dijo Rodríguez.

La especialista de Dejusticia hizo énfasis en este segundo punto, ya que en muchas ocasiones el Gobierno Nacional entrega los títulos mineros al primero que llega con una oferta. “Con esto garantizamos seguridad jurídica para los inversionistas, porque ya salen a ofertar cuando se concilió, y automáticamente las consultas populares o cualquier otro mecanismo tienen que acabar”, resaltó.

Francisco Lloreda afirma que la industria petrolera está seriamente amenazada, porque si se llevan a cabo las 22 consultas que están en camino y se llega a prohibir la exploración de petróleo y gas, “se terminaría afectando alrededor de 100 mil barriles de crudo a la producción actual y se estaría cerrando las puertas a una actividad exploratoria que Colombia necesita con urgencia, ante las reservas probadas de cinco y dos años, respectivamente”.

Por eso, le solicitaron al Gobierno, “de manera respetuosa, pero enfática”, que adelante un diálogo del más alto nivel con las altas cortes y el Congreso de la República para definir de manera clara cuáles son las competencias de la Nación, los departamentos y los municipios en materia minero-energética.

“Qué le corresponde a cada uno, es fundamental porque hoy en día hay distintas interpretaciones que están contribuyendo a la incertidumbre jurídica que existe”, dijo Lloreda.

Un segundo aspecto es que se adelante un diálogo con los gobernadores y alcaldes de municipios productores, para que estos sean escuchados y se adopte una agenda y unos compromisos que permitan a estas regiones volver a contar con unos recursos que compensen la presencia de la actividad petrolera, “aunque no se trata de volver al régimen de regalías anterior”, dijo.

Y finalmente, definir el alcance de las consultas populares. “Las consultas son instrumentos que están en la Constitución, el problema no es el instrumento sino que debemos definir para qué se utilizan y en qué momento”, señaló el líder gremial.

La directora del programa de Economía y Finanzas de la Universidad de La Sabana, Ana María Olaya, aseguró que “con el nivel de corrupción en el Gobierno, no sabemos en realidad qué es lo más adecuado, pues ya no confiamos en las decisiones de nuestros dirigentes, ya que el despilfarro y robo es de alta magnitud. Cuando no hay transparencia y la información es asimétrica, no funcionan las consultas, pero tampoco podemos confiar en quienes manejan nuestros recursos”.