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CONSEJO ELECTORAL NO PUEDE ELUDIR SU RESPONSABILIDAD

Por ARMANDO ESTRADA VILLA*
aestradav@une.net.co

En contravía de la defensa de una sana democracia, la legitimidad de las instituciones y la correcta financiación de las campañas electorales, se abre paso la tesis de que el Consejo Nacional Electoral carece de competencia, a partir del 15 de julio, para investigar y sancionar las campañas políticas de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014 y de Óscar Iván Zuluaga en 2014 por recibir recursos de Odebrecht. Nada más alejado de la legalidad. El simple cotejo de las normas aplicables a este caso permite afirmar que la autoridad electoral tiene atribuciones para indagar si estas campañas violaron las normas electorales.

Al respecto, el Código de Procedimiento Administrativo, Ley 1437 de 2011, establece en su artículo 52: “Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas”. Pero hay ley especial, la Ley 996 de 2005, de garantías electorales, trata este tema en los artículos 19 y 21. El 19 manifiesta: “El candidato presidencial, el gerente, el tesorero y el auditor responden solidariamente (...) por el debido cumplimiento del régimen de financiación de las campañas”, y el 21, sobre vigilancia de las campañas, expresa: “El Consejo Nacional Electoral podrá adelantar en todo momento auditorías o revisiones sobre los ingresos y gastos de la financiación de las campañas”. Esta norma constituye, por tanto, ley especial.

Pero hay más razones para que el Consejo no deseche las pruebas que aporta la Fiscalía. En su ayuda acude el Código Civil, cuando dice que “la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general”. Frente a esta situación, el Código de Procedimiento es norma de carácter general, mientras que la ley de garantías electorales, es de índole especial.

Corresponde al Consejo Nacional Electoral, de conformidad con la Constitución, regular, inspeccionar, vigilar y controlar la actividad electoral de los partidos y movimientos y de sus directivos y candidatos, garantizando que no se utilicen fuentes prohibidas en su financiación, que no se violen los topes de gastos y que no reciban financiamiento de empresas extranjeras. Según el informe de la Fiscalía, Odebrecht aportó fondos a las campañas de Santos y Zuluaga. No puede, en consecuencia, el Consejo eludir su responsabilidad de investigar las actividades financieras de estas campañas. ¡Debemos los colombianos exigirle que cumpla sus obligaciones!.

* Ex ministro del Interior. Magíster en Estudios Políticos.


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